El ministerio de Gobierno y la Defensoría de Pueblo presentaron este miércoles los decretos supremos 4574 y 4576 para crear un registro de extranjeros en el país y regularizar la situación de migrantes. El objetivo es garantizar los derechos humanos y evitar casos de trata y tráfico

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se aprobaron estos decretos en el marco de la defensa de los derechos humanos de los bolivianos y extranjeros que están de tránsito en el país.

"Como Gobierno nacional, hemos aprobado dos decretos supremos, en temas relacionados a la migración de personas en nuestros país", indicó la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.

Según la autoridad, el Decreto Supremo 4574 modifica y complementa el Decreto Supremo 1923 del 12 de marzo del año 2014, Reglamento de la Ley de Migración, que ordenaba un registro físico, sobre medios de transporte, alojamientos, agencias de viaje, turismo entre otros. Ahora, este registro podrá realizarse de manera virtual.

"Con este nuevo Decreto Supremo se crea una plataforma virtual de recepción de migrantes, la cual tiene por objetivo dar mayor seguridad a las personas que viajan al país; pero, también, tiene el objetivo de mejorar los controles para combatir la trata y tráfico y otros delitos en base al uso de plataformas informáticas establecidas por la Dirección General de Migración", manifestó.

Mediante la nueva plataforma se creará una base de datos para monitorear y controlar en tiempo real la situación de ciudadanos extranjeros en el país, para que el Estado tenga un manejo oportuno de la información y prevenir delitos.

El segundo Decreto Supremo tiene por objetivo permitir de "manera excepcional la regularización" migratoria de personas extranjeras que se encuentran en territorio boliviano en situación irregular, así como establecer sus condiciones y requisitos.

"Esta regularización migratoria beneficiará aproximadamente a 3.500 personas (...), el Estado va a recaudar 7 millones de bolivianos con esta regularización", explicó la autoridad.

Ambos decretos generan soluciones a los problemas que atraviesan los ciudadanos extranjeros en Bolivia y coadyuvan a fortalecer e impulsar la reactivación económica al sector turismo, que ahora tiene mejores condiciones para su desarrollo.