El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) alertó que, si no se investigan y sancionan los 10 tipos de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en 2019, existe el riesgo de que esa impunidad motive, a futuro, la reiteración de esos crímenes.

Esa instancia emitió hace poco el "Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019".

Durante el régimen de Jeanine Áñez (2019-2020) al menos 37 personas fueron asesinadas, más de 800 resultaron heridas y más de 1.000 detenidas de forma arbitraria, torturadas y/o perseguidas.

El reporte exhorta al país a investigar y sancionar esas 10 vulneraciones para evitar que se reiteren esos crímenes.

"Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condición destructiva, la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y afecta la legitimidad del Estado de derecho. Por esta razón, es fundamental que se avance en las investigaciones y los procesos judiciales de rendición de cuentas por los hechos documentados en este informe y otros similares", indica el reporte.

El GIEI pidió "Investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares".



Entre las 10 vulneraciones a los derechos humanos cometidas en 2019 se encuentran las siguientes:

Derecho a la vida

El GIEI documentó casos en los que personas perdieron la vida durante operativos de fuerzas de seguridad estatales en:

- Santa Cruz: Roberth Ariel Calizaya Soto, en Montero (13 de noviembre). Filemón Salinas Rivera, en Yapacaní (13 de noviembre).

- Cochabamba: Miguel Ledezma González, en Sacaba (11 de noviembre). Masacre de Sacaba (15 de noviembre). Juan José Mamani Larico, en Cochabamba (12 de noviembre).

- Potosí: Marcelino Jarata Estrada, en Betanzos (12 de noviembre).

- La Paz: Percy Romer Conde Noguera, Beltrán Paulino Condori y Juan Martín Pérez Taco, zona Sur, (11 de noviembre). Masacre de Senkata, en El Alto (19 de noviembre).

El GIEI documentó casos en los que personas perdieron la vida por actos cometidos por particulares en:

- Santa Cruz: Marcelo Ricardo Terrazas Selene y Mario Salvatierra Herrera, en Montero (30 de octubre).

- Cochabamba: Limbert Guzmán Vásquez, en Quillacollo (6 de noviembre).

- La Paz: Sargento Juan José Alcón, en El Alto (11 de noviembre). Julio Llanos Rojas, (29 de octubre).

Derecho a la integridad personal

El informe indica que se produjeron casos de tortura por parte de los uniformados a civiles, pero también de particulares a otros particulares.

Estos casos ocurrieron en:

- Cochabamba: Personas detenidas por la Policía y el Ejército (12 de noviembre). En Sacaba (15 de noviembre).

- La Paz: Detenidas en El Alto y La Paz (entre el 10 y 13 de noviembre).

El GIEI documentó casos de violencia sexual y de género cometidas por agentes estatales en contra de personas detenidas, que son constitutivos de tortura, en las ciudades de El Alto y La Paz, el 11 de noviembre.

Personas resultaron lesionadas, algunas con heridas de bala, durante operativos realizados por fuerzas de seguridad estatal en:

- Santa Cruz: Montero (13 de noviembre). Yapacaní (13 de noviembre).

- Cochabamba (12 de noviembre). Sacaba (15 de noviembre).

- Potosí: Betanzos (12 de noviembre).

- La Paz (entre el 28 de octubre y el 11 noviembre) y El Alto (11 y 19 de noviembre).

Los expertos documentaron actos de violencia cometidos por particulares en:

- Cochabamba: Retención y agresiones a Patricia Arce Guzmán en Vinto (6 de noviembre).

- Oruro: Toma y tortura de rehenes de la Caravana del Sur en Vila Vila (9 de noviembre).

El GIEI documentó casos en los que personas sufrieron distintos tipos de agresiones cometidas por particulares en contra de su integridad física, psicológica y/o sexual, en:

- Santa Cruz: Entre el 23 de octubre y el 14 de noviembre (Rotonda del Plan 3000, El Torno, San Carlos de Yapacaní, la Doble Vía, La Guardia, Cotoca, Mairana, Ascensión de Guarayos, el Puente de La Amistad y en el barrio Cofadena).

- Cochabamba: Entre 28 de octubre y el 11 de noviembre, en Sacaba, la ciudad de Cochabamba y Quillacollo.

- La Paz (entre el 28 de octubre y el 11 noviembre). El Alto (entre el 10 y el 13 de noviembre).

- Potosí: Betanzos (12 de noviembre).

- Oruro: Ataque a la Caravana del Sur en Vila Vila (9 de noviembre). Caravana de Mineros en Playa Verde (10 de noviembre). Caravana en Caracollo (11 de noviembre).



Derecho a la libertad y seguridad personal

El GIEI documentó casos en los que personas fueron privadas de su libertad de forma arbitraria, ya sea por agentes estatales o por personas no facultadas por ley para realizar aprehensiones. Ciudadanos reportaron haber sido detenidas y tomadas como rehenes por particulares.

Estos casos se presentaron en:

- Santa Cruz: Montero (30 de octubre y 13 de noviembre). Yapacaní (13 de noviembre).

- Cochabamba (29 de octubre y 12 de noviembre).

- Oruro: Ataque a la Caravana del Sur en Vila Vila. Ataque a la Caravana de Mineros en Playa Verde.

- La Paz (entre octubre y noviembre). Ciudad de El Alto (a partir del 10 de noviembre).

Derecho a la honra, dignidad y vida privada

El documento del GIEI identifica algunos casos:

- El 11 de noviembre, un grupo de 28 personas, incluyendo a una mujer y tres menores, fueron ilegalmente aprehendidos en El Alto y transferidos a La Paz. Allí, fueron presentados como terroristas y acusados de los ataques y saqueos en El Alto, sin que primero se hubiera acreditado su participación en tales hechos. El acto fue transmitido en vivo por redes sociales y retransmitido por la prensa.

- El 9 de noviembre, en La Paz, cuando cuatro funcionarios del Ministerio de Cultura fueron aprehendidos por civiles en un garaje y entregados a la Policía, acusados de ser partidarios del MAS y de producir bombas molotov. Su arresto fue transmitido en redes sociales, con fines políticos.

- El 15 de noviembre en Sacaba, Marco Carrillo Fuentes, del MAS, fue detenido e inculpado de incitar al uso de armas de fuego y artefactos explosivos, con base en una captura de pantalla de un video que circuló en redes y trasmitido por televisión.

- Se reportó la difusión en redes sociales de datos personales de personas detenidas.

- Los vocales electorales fueron expuestos públicamente en medios, lo cual atentó contra su intimidad y su derecho a la presunción de inocencia. Fueron trasladados a pie y enmanillados mientras recibían insultos y agresiones.

- En otros casos, para presionar la renuncia de personas a cargos públicos, se divulgaron sus direcciones domiciliaras en redes sociales, tras lo cual grupos de personas llegaron hasta sus viviendas para hostigarlos y amenazarlos.

Garantías judiciales y debido proceso

En 2019, se evidenció "el abuso del sistema de justicia para perseguir a adversarios políticos; la criminalización de personas por su participación en manifestaciones sociales; la criminalización de vocales electorales que participaron en las elecciones de 2019; la utilización generalizada de imputaciones de sedición y terrorismo, y el uso abusivo de la detención preventiva".

El GIEI documentó la imputación de cargos infundados o desproporcionados; la falta de respeto a la presunción de inocencia; la falta de asistencia jurídica satisfactoria para personas imputadas, y el indebido ejercicio de presiones o incentivos para aceptar culpabilidad por los cargos.

También evidenció obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y de familiares de las víctimas.



Libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación

El GIEI-Bolivia sostiene que la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación constituyen fundamentos esenciales para la consolidación de una sociedad democrática, pluralista y tolerante.

"En relación con la libertad de expresión, durante la realización de este informe se produjeron diversos incidentes de violencia, amenaza, amedrentamiento o intimidación a periodistas y a sedes de medios de comunicación. Algunos de estos actos fueron cometidos por agentes estatales", se lee en su informe.

Incluye el caso del 15 de noviembre, cuando la corresponsal Teresa Bo, de Al Jazeera, fue agredida con gas pimienta por la Policía mientras cubría una manifestación en vivo en La Paz. En otros casos, manifestantes impidieron la realización de labores periodísticas.

En relación a los derechos de reunión y libertad de asociación, el GIEI indicó que fueron vulnerados. En ciertas instancias, el uso excesivo de la fuerza por la Policía y las Fuerzas Armadas en el control de las protestas sociales culminó con la muerte y/o lesión de manifestantes, por ejemplo, en Cochabamba, Sacaba, El Alto y La Paz.

Derecho a la no discriminación

El equipo internacional indica que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna, por lo que todo tratamiento que pueda ser lo contrario es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El informe concluye que el prejuicio racial en contra de pueblos y comunidades indígenas, y la discriminación por razón de género fue persistente, incluso en las instituciones públicas.

"El GIEI documentó una amplia gama de vulneraciones del derecho a un trato no discriminatorio debido a otros factores como la condición socioeconómica y la filiación política de las víctimas", indicó.

La discriminación también se evidenció en hechos de violencia que sufrieron personas que participaron en protestas sociales, en los abusos que ocurrieron en detención o en situaciones de privación de libertad y en el trato no igualitario ante la ley de las personas procesadas.



Derecho de toda mujer a una vida libre de violencia

El GIEI documentó graves hechos de violencia contra mujeres en contextos diversos, por ejemplo, insultos misóginos, sobre todo en el caso de bolivianas indígenas o campesinas.

"Esta violencia se presentó en el marco de la persecución política en contra de personas que tuvieron vínculos con el gobierno de (Evo) Morales y fue parte de la misma. Varias mujeres fueron detenidas y sometidas a procesos que carecían de las más mínimas garantías procesales y de legalidad, y algunas fueron sometidas a malos tratos durante su custodia", se lee en el informe.

El documento resalta el caso de una víctima que fue detenida mientras intentaba auxiliar a dos hombres en El Alto. Sufrió golpes en el abdomen, en la espalda y en otras partes del cuerpo, con puñetazos, patadas, cascos y toletes.

"En el trayecto a la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto fue manoseada sexualmente por los policías dentro del vehículo en que fue transportada. Una vez en la oficina de la FELCC, fue obligada a desnudarse, oportunidad en que una mujer policía nuevamente la manoseó. En el penal femenino de Obrajes fue repetidamente humillada por las policías, que le hacían, entre otros tratamientos crueles, limpiar con un cepillo de dientes el comedor colectivo", se lee en el informe.

Entre otros casos de hostigamiento, detención e imputación, el GIEI resalta el de Patricia Hermosa, exjefa de gabinete de Evo Morales, perseguida en noviembre de 2019 y detenida en el régimen de Jeanine Áñez. Fue privada de libertad y sufrió un aborto.

El equipo internacional también destaca el caso de Lorgia Fuentes, detenida y torturada durante el régimen de Áñez. Estuvo encadenada a una camilla de un hospital cuando se encontraba delicada de salud. La acusaron sin pruebas de tener vínculos con exautoridades del gobierno de Morales, por lo que la privaron de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz. Fue electrocutada hasta convulsionar y sufrir un infarto cerebrovascular.



Derecho a la salud

El Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social e indica que la salud es un bien público.

"El GIEI documentó diversas violaciones del derecho a la salud. Se registraron casos de denegación de atención médica a personas detenidas y restricciones de acceso a personal del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), como en el caso de las personas arrestadas el 11 de noviembre de 2019 en El Alto y torturadas en instalaciones policiales en El Alto y La Paz. En otros casos, la Policía arrestó a heridos en centros hospitalarios, lo cual motivó a otras personas lesionadas a abstenerse de hacerlo por miedo a ser arrestadas", se lee.

En algunos casos, se les negó a personas atención de manera oportuna o adecuada en esos centros, con base en criterios discriminatorios, como su posición o filiación política o su participación en manifestaciones.

Derecho al trabajo

El informe indica que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

"En el marco de los hechos de violencia investigados, el GIEI identificó la violación de diferentes facetas del derecho al trabajo. Se vulneró la faceta de libertad del derecho al trabajo cuando durante la crisis poselectoral y de persecución política, servidoras y servidores públicos se vieron constreñidos a renunciar a sus cargos, contrariando su voluntad y desconociendo sus garantías laborales", se asevera en el documento.