El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) derrumbó al menos 10 tesis usadas por actores políticos de la oposición, la jerarquía católica, amplificadas por los medios de difusión, para justificar el discurso y la violencia del régimen de Jeanine Áñez.

Al respecto, Paulo Abrāo, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó en Bolivia Tv que "la principal contribución histórica" del GIEI, "es que desmorona y sepulta todas las versiones de desinformación y de intento de generar una mentira histórica respecto a todo lo que ha pasado en el país durante aquellos fatídicos meses".



Para el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, con el informe internacional, se "caen las falacias armadas" por el régimen de Áñez.

Entre los relatos implementados durante el régimen de Áñez, se encuentran los siguientes:

Senkata fue masacre, no fue atentado terrorista ni enfrentamiento
El ministro de Defensa de entonces, Luis Fernando López Julio, declaró a CNN que las protestas en Senkata "eran pagadas con alcohol y coca" y que fueron "terrorismo vandálico". También afirmó que "del Ejército no había salido ni un solo proyectil". Esas versiones recibieron amplia difusión mediática.

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), por su lado, tras hablar de enfrentamiento en Sacaba, indicó que "todos quienes participaban del diálogo (el 19 de noviembre de 2019) quedaron consternados por la violencia desatada en Senkata".

Al respecto, el informe del GIEI es contundente: En Senkata se produjo una masacre. "El análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas. Alrededor de las 12, ese grupo derrumbó parte del muro de la planta ubicado sobre la avenida 6 de Marzo. Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales y al menos 78 heridos, de los cuales 31 personas fueron heridas por proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes", indica el documento.

En Sacaba ocurrió una masacre, no hubo enfrentamiento
Sobre los sucesos de Sacaba, Cochabamba, el entonces comandante de la Policía, Jaime Zurita, indicó que solo usaron agentes químicos y añadió que los marchistas estaban armados.

Al respecto, el periódico Página Siete tituló en noviembre de 2019 "Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos".

El informe de la jerarquía católica afirmó que el 15 de noviembre de 2019 "se suscita un hecho lamentable: los enfrentamientos violentos en Sacaba".

De manera contraria a esas versiones, el informe del GIEI concluye que en Sacaba, militares y policías masacraron a manifestantes. "El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019 (…) como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias", indica.

Marchistas no tenían armas; las FFAA y Policía sí utilizaron armamento letal
Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, dijo en 2019 que los uniformados no tenían orden de disparar y sugirió que los marchistas de Sacaba se mataron entre ellos.

Sobre el tema, el GIEI determinó que los integrantes de la marcha en Sacaba no portaban armas de ningún tipo. "De cualquier modo, conforme a la investigación y la revisión hecha por el GIEI, no hay evidencia de que los manifestantes hayan disparado entre sí o contra las fuerzas de seguridad", indica el documento.

"Múltiples testimonios relatan que policías o militares dispararon contra la multitud", añade el documento.

Planta de YPFB no estuvo en riesgo de explosión
Una de las principales narrativas para justificar la masacre de Senkata, fue que los ciudadanos alteños usaron dinamitas para derrumbar la pared de la planta de YPFB y que buscaron causar una explosión.

Sobre estas versiones, el informe del GIEI indica que los manifestantes de Senkata no usaron dinamitas para hacer caer el muro de la planta de YPFB y que no existió riesgo de hacer explotar las instalaciones.

"Las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas con las diligencias conducidas por el GIEI no confirman la existencia de ese riesgo concreto. Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas (…) La evaluación de la prueba audiovisual revisada por el GIEI no confirma el uso de dinamita para derribar el muro. El GIEI revisó distintos videos actuales –incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad de YPFB– y no identificó el uso de material explosivo. Lo único que pudo observarse es a un grupo de personas que empujan repetidamente el muro, hasta que lo derriban. Las entrevistas informales del GIEI con el personal de la planta que estaba en actividad el 19 de noviembre corroboran esta observación", indica el grupo de expertos.

Jeanine Áñez se proclamó presidenta en sesión sin quórum
Jeanine Áñez indicó que asumía la presidencia del Senado y, luego, la presidencia de Bolivia, en forma legal.

El abogado Luis Vásquez Villamor, asesor de Jorge Tuto Quiroga y artífice del armazón jurídico para que Áñez asuma la Presidencia, añadió entonces que el principio que se aplicó para que ella llegue al poder estuvo en el marco del derecho y de la legalidad.

Sin embargo, pese a esas versiones, la investigación del GIEI encontró que Áñez se proclamó presidenta del Senado sin cumplir requisitos legales.

"Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo con su reglamento interno. Según el reglamento interno de la Cámara de Senadores, para elegir el presidente del Senado se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir 19 legisladores. El mismo reglamento tiene normas que, de un lado, atribuyen a la segunda vicepresidenta reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas se hallen ausentes y, de otro, define que corresponde la presidencia de la Cámara al bloque de la mayoría. En reunión del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia", enfatiza el informe internacional.

"Ese mismo día de noviembre, Jeanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando", agrega el informe del GIEI.

"Sugerencia" de FFAA y Policía, fue un ultimátum
Uno de los relatos que manejan los actores políticos de oposición es que la renuncia de Evo Morales se produjo de manera voluntaria y por "cobardía".

Sin embargo, el GIE determinó que la "sugerencia" de las FFAA y la Policía para que Morales renuncie, se trató de un ultimátum que debilitó el respeto a la Constitución.

"Las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica", indica el documento.

Sí se perpetró violencia sexual y en razón de género
"El que haga sedición en el país se va a la cárcel", esa era la advertencia en 2019 del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien daba consentimiento a la persecución de ciudadanos que cuestionaban el golpe de Estado. Según explicaba, el objetivo era pacificar y unir el país desde el régimen.

Varios ciudadanos fueron privados de libertad por hacer uso del derecho a la protesta y la libertad de expresión, incluso sufrieron violencia sexual. Los hechos eran desconocidos por la opinión pública y los autores de los abusos estaban impunes.

"Preocupa al GIEI que algunos de los casos de violencia sexual o en razón de género que han sido documentados ocurrieron en contextos de privación de libertad en recintos penitenciarios estatales y fueron perpetrados por agentes estatales, y que, a pesar de ello, no están siendo investigados. En ciertos casos, los hechos de violencia sexual que han sido documentados pueden ser considerados como constitutivos de tortura debido al grave sufrimiento que generaron en las víctimas", se lee en el informe presentado esta semana.

Sí se promovió la humillación, violencia y racismo
La humillación y el racismo fueron otras características en las que se amparó el gobierno de facto. Un caso emblemático es el ocurrido en mayo de 2020, cuando el entonces ministro de Minería, Fernando Vásquez, aseguró que, por su aspecto físico, no cumplía con requisitos para ser militante del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco. No quiero discriminar, pero esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento Al Socialismo", aseguró esa vez en entrevista con la emisora Fides Potosí.

El racismo y el desprecio por los símbolos indígenas fueron hechos constantes. Así lo demuestra el informe que hace referencia a más de 20 videos a los que accedió el GIEI, en los que se observó a personas con distintivos de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo paramilitar afín al régimen, ejecutando actos de violencia y discriminación en contra de civiles.

En enero de 2020, Jeanine Áñez calificó a las autoridades del gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, de "salvajes".

"No permitamos que ninguna ambición personal, por un lado, disperse el voto y se salga con la suya y mucho menos que los arbitrarios, los violentos y que los salvajes puedan volver al poder", afirmó Áñez.

El informe del GIEI recomendó a Bolivia realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación, además de diseñar e implementar políticas públicas de largo alcance.

El "decreto de la muerte" trató de legalizar las masacres
El régimen aprobó el Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019. Eso permitió la participación de las FFAA en apoyo a la Policía Boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces.

La norma establecía que los militares estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas en los operativos "a fin de reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país".

El argumento fue hacer frente a organizaciones supuestamente subversivas y armadas en escenarios de conflicto como la zona de Senkata de la ciudad de El Alto el 19 de noviembre de 2019.

"La dinámica de los hechos, la ausencia de pruebas que demuestren el uso de armas de fuego por los manifestantes y la compatibilidad entre las lesiones sufridas por las víctimas, los cartuchos hallados, las balas y el armamento utilizado por las fuerzas de seguridad indican fuertemente que los disparos provinieron de sus armas", indica el informe del GIEI en el caso de Senkata, donde 10 personas fallecieron y 78 resultaron heridas.

En Sacaba, Cochabamba, militares y policías masacraron a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas, según el informe.

El documento establece que como resultado de las investigaciones hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas.

Se descalificó informes previos que mostraban la verdad
En diciembre de 2020, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó de "sesgado" el informe preliminar que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los sucesos postelectorales ocurridos en Bolivia, documento que revelaba abusos del régimen.

"Nos parece un informe totalmente sesgado, que no refleja la realidad, que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo, no está favoreciendo al pueblo de Bolivia", dijo en conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2019.

La CIDH, la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, el Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y la Defensoría del Pueblo entregaron informes en los cuales se denuncia la vulneración de derechos en el régimen.

El informe del GIEI concluye que en 2019 "se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia", mediante violencia sexual, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.

Intención del régimen

El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, aseguró que el informe del GIEI permite clarificar que Áñez impulsó la narrativa de ser presidenta de un Gobierno constitucional para instalar un régimen mediante masacres y vulneración de derechos.

"Aclara cómo el golpismo utilizó las masacres para justificar el golpe de Estado; pero, además, para mantenerse en el poder. Está claro que usaron a las Fuerzas Armadas y a la Policía para perseguir y matar a los bolivianos y a las bolivianas respaldados en un Decreto Supremo, que es el decreto de la muerte", dijo.

El exministro de Minería, César Navarro, sostiene: "Estas acciones de violencia sistemática de militares y la Policía permitió que la señora Áñez se autoproclame presidenta. Para que consolide el Gobierno de facto, tuvo que darse el asesinato en Betanzos, la masacre de Sacaba y de Senkata. Los militares no sólo deliberaron, sino que con su comportamiento definieron la conformación del poder de manera de facto".