En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Rogelio Mayta reafirmó este miércoles que en Bolivia no existió fraude electoral en 2019. Hizo énfasis en cinco ejes contra los intentos de injerencia del secretario general, Luis Almagro.

Dijo que el comunicado del 9 de agosto, emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA y que cuestiona la integridad de datos de los comicios presidenciales de 2019 en Bolivia, es un exceso.

Los cinco ejes

En el primer eje, aseguró que al margen de los cuestionamientos que se tienen sobre los informes de la Secretaría General de la OEA respecto a las elecciones generales de 2019, ese proceso quedó anulado y se celebraron nuevos comicios en 2020, en los que resultó ganador el mismo partido que ganó un año antes: el Movimiento Al Socialismo y hasta por un porcentaje muchísimo mayor.

El 18 de octubre de 2020, Luis Arce logró el 55,11% de los votos válidos como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Siendo que los informes de observación y la auditoría electoral de 2019 detectaron que se podrían haber cometido delitos electorales, era ineludible, según la ley boliviana, que se iniciaran procesos penales y que la Fiscalía investigue a fin de conocer la verdad material de los hechos, que los acusados asuman defensa pudiendo producir prueba de descargo", dijo en referencia a un segundo punto.

Hizo énfasis en un tercer eje en referencia a la vinculatoriedad que el comunicado del 9 de agosto reclama y dijo que eso es un acto de injerencia.

"El acuerdo suscrito entre Bolivia y el Secretario General, Luis Almagro, en 2019 para que se realice una auditoría del proceso electoral de ese año, no establece que el informe que se genere iría a sustituir a peritajes o sentencias en materia penal, y menos la labor de los fiscales y jueces bolivianos", cuestionó.

"La vinculatoriedad que reclama el comunicado pretende que no se cumplan nuestras leyes, que la institucionalidad boliviana no cumpla sus obligaciones, e incluso que los acusados no tengan derecho a la defensa", añade.

Respecto al peritaje de la Universidad de Salamanca, dijo, como cuarto eje, que el comunicado de la OEA trata de descalificar esa investigación sobre los denominados "hallazgos" de los informes de 2019.

"En ese proceso penal se investigaron a profundidad los hallazgos que Luis Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia dependiente de su despacho, acusaron en su momento. Se hicieron peritajes para los temas técnicos y se convocó a declarar a los testigos de los hechos", dijo.

Como quinto punto, aseguró que la investigación penal que se realizó por más de un año, la mayor parte durante el gobierno de Jeanine Áñez, llegó a la conclusión de que no se cometieron delitos y que no hubo el fraude como se denunció.

"La Fiscalía decidió cerrar ese caso porque no existían las pruebas para ir a un juicio, algunos presentaron impugnación, esa decisión puede ser ratificada o modificada. El proceso todavía está en desarrollo, y debe seguir su curso, como lo establecen nuestras leyes y según las definiciones que asuman las autoridades competentes", aseveró.

Almagro, detonante de la crisis

El canciller dijo que ante lo sucedido hasta fecha surge una pregunta ineludible: "¿Por qué el furibundo ataque de Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento Democrático contra el peritaje de la Universidad de Salamanca y el proceso penal en que se debate el fraude que acusaron?"

"Porque ese peritaje, esa investigación fiscal, ponen en evidencia que su accionar fue uno de los detonantes de la crisis política que sufrimos en 2019. Que tienen responsabilidades en precipitar la crisis, en el rompimiento del orden constitucional que sufrimos y también en las graves violaciones a derechos humanos que se produjeron en ese oscuro fin de 2019. Que en esos días actuaron negligentemente, cuando menos, sino con dolo", respondió.

En un informe final, el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de 2019.

Demostró que las bases de datos de la transmisión de resultados electorales preliminares y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.