El editorial del diario paceño de este domingo señala que de los organismos internacionales que han venido pidiendo justicia en los casos relacionados a la crisis política de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH fue más incisivo y dedicó todo un capítulo de su informe a la temática y estableció cuatro constataciones: 1) falta de independencia de justicia, 2) ausencia del debido proceso con la instrumentalización del sistema judicial para la persecución política, 3) uso abusivo de la prisión preventiva y 4) obstáculos al derecho de acceder a la verdad y la justicia. Por tanto, el planteamiento es una reforma profunda de la administración de justicia y la revisión de la legislación boliviana referida a tipos penales ambiguos.

"La radiografía y la propuesta no son una novedad para los bolivianos que, día a día, padecen con una justicia y una Fiscalía al servicio del poder político de turno", afirma Página Siete que sustenta su punto de vista en que el detenido exministro de Gobierno Arturo Murillo era el jefe de jueces y fiscales en la persecución de masistas y ahora el ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador, Wilfredo Chávez, con los mandamases del sistema judicial, lo que es motivo de bochorno porque es la comunidad internacional que ha puesto el dedo en la llaga. "La justicia y la Fiscalía de Bolivia ya pueden considerarse una vergüenza internacional", señala con dureza el periódico de La Paz.

El GIEI dio cuenta que la cooptación del sistema judicial es un tema estructural. Basada en esa realidad, Página Siete señala que la mayor responsabilidad es del masismo porque en los últimos 15 años de gobierno "ha destruido la poca institucionalidad que existía". Y con tono de pesar, termina su editorial señalando que "cuando todos creían que el ministro Lima implantaría una verdadera reforma judicial, tal como prometió al inicio de su gestión, éste terminó convertido en el nuevo manipulador de un órgano que debería ser independiente. Ahora que organismos internacionales reparan en esta vergüenza nacional, ¿qué hará el ministro Lima?".

El Deber – Cambiar la justicia desde cero

El diario cruceño coincide plenamente, en su editorial de este domingo, con los cuatro problemas de la justicia boliviana detectados por el grupo de expertos de la CIDH, con la propuesta de aplicar profundas reformas en el sistema judicial y con que este tema es de carácter estructural. "Si el Gobierno de Luis Arce cree en el informe del GIEI, que incluso lo utilizó políticamente en los acápites referidos a las masacres de Sacaba y Senkata, también debe creer en el conjunto del documento y en particular en este dramático diagnóstico de la justicia boliviana", afirma El Deber.

Hace énfasis, por tanto, en el rol de Arce por al menos dos razones de fondo: debe buscar una "hegemonía política con características democráticas y legítimas del poder", conviviendo con un sistema judicial independiente, para evitar la "hegemonía del poder a lo Cuba, a lo Nicaragua o a lo Venezuela"; y debe tomar la decisión de diferenciarse de Evo Morales, quien "no tiene credenciales democráticas para encarar este problema del país". "Debe dejar que el Poder Judicial trace su propia ruta institucional lejos de la influencia política de los partidos gobernantes de turno, en este caso del MAS".

El Deber remata su punto de vista afirmando que si hay coincidencia generalizada de que se debe reformar la justicia del país, incluido el ministro de Justicia, Iván Lima, al menos cuando inició sus funciones, el primer paso que se debería dar es la renuncia del cuestionado fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por sus abiertas actuaciones de subordinación al poder político de turno. "… él es quien muestra cada día la cara más vergonzosa de ese fango podrido y nauseabundo. Que Lanchipa le haga un bien al país y renuncie a su cargo", señala contundente el editorial del diario cruceño. Juan Del Granado – Reforma de la justicia desde la gente El jurista y exalcalde de La Paz es quien, a través de varios artículos de opinión, ha reiterado y argumentado desde hace meses la necesidad de una reforma del sistema judicial. En su último texto de opinión resume el informe del grupo de expertos independientes de la CIDH en cuatro grandes puntos. El último de ellos, pero no por ello el menos importante, se refiere a la necesidad de ajusticiar a la justicia. "… cortarle la cabeza para luego ir diseccionando el cuerpo y retirando los tumores que han hecho metástasis en todo el cuerpo", grafica Del Granado después de afirmar que la justicia ha sido puesta en el banquillo de los acusado por el informe del GIEI. "Como hemos venido reiterando todos estos meses, nuestra administración de justicia es miserable, no sólo por el mísero presupuesto que le asigna el Estado, sino por la subordinación de jueces y fiscales al poder político, por la incompetencia de los operadores de justicia que son nombrados a partir de su filiación política, por la corrupción generalizada, por el inhumano hacinamiento carcelario, por las detenciones preventivas como mecanismo de tortura de los acusados", sostiene el reconocido abogado y reclama "voluntad política" para encarar la reforma judicial. Pero, Del Granado sabe que esto último es ilusorio, aunque coincide en que el Fiscal General debe renunciar de inmediato. Por ello, sostiene que "tenemos que iniciar ya la reforma judicial, sin esperar nada del Estado; entregar la tarea a la gente e impulsar un referendo ciudadano que, desde la Constitución, establezca parámetros de independencia, de idoneidad, de transparencia y de gratuidad en la labor de los jueces para combatir la impunidad de hoy pero también, la de ayer y valorar la vida, la dignidad y la libertad de todos". Juan Del Granado es Abogado y Político *La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de "La Ventana"