El pedido de los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Jaime Paz Zamora de excarcelación de Jeanine Añez fue calificado por parlamentarios del oficialismo como una búsqueda de impunidad para que la exmandataria no sea juzgada por los hechos ocurridos en 2019, entre ellos las masacres que dejaron un saldo de 37 fallecidos y cientos de heridos.

Ayer, mediante un comunicado enviado por Comunidad Ciudadana (CC), los expresidentes hicieron "un llamado urgente" a las autoridades del Órgano Judicial y a la Fiscalía General del Estado para que se adopten las medidas correspondientes destinadas a preservar la vida, integridad física y psicológica de Añez, detenida preventivamente en la cárcel de mujeres de Miraflores.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo aseguró que ese llamado no es otra cosa que una intención de impunidad para Añez y que no haya justicia para las víctimas; además, dijo que es una desesperación política de la derecha.

"Es una desesperación política por parte de los señores Tuto Quiroga y Carlos Mesa, quien fue uno de los incitadores para las convulsiones sociales en el país en 2019, cuando tuvimos muertos, cientos de heridos y detenidos. Creo que estas reacciones buscan que haya impunidad y no se haga justicia, tal cual lo ha referido el informe del GIEI", afirmó.

El diputado Sandro Ramírez manifestó que la "autoproclamada presidenta" debe responder por sus acciones, pues cuando estuvo en el gobierno "no le tembló la mano" para causar bastante daño al pueblo boliviano mediante la firma del Decreto Supremo 4078, que deslindaba de responsabilidades a los militares para reprimir e incluso matar a gente inocente, como sucedió en Senkata y Sacaba.

Recordó que la administración de Añez estuvo "plagada" de varios hechos de corrupción, como la compra de respiradores con sobreprecio, la adquisición irregular de insumos médicos durante la pandemia por el Covid; además de la destrucción de todas las empresas estatales del país.

Al respecto, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes señaló que el pedido de inmediata liberación de Jeanine Añez es porque, en su criterio, se vulneran sus derechos humanos y el acceso a la salud, pero sobre todo la libre defensa.

Agregó que "lo peor de todo es que el MAS la está tomando como un trofeo político".

"Se están violando los derechos humanos de Jeanine Añez y lo peor es que su salud se deteriora cada vez más porque no le permiten el ingreso a un médico. Es una presa política, (sus procesos) son sin fundamento jurídico, y por ello tiene que ser liberada inmediatamente", indicó.

Goza de privilegios en el recinto carcelario de Miraflores

Durante una visita al Centro de Orientación Femenina (COF) de Miraflores, hace un par de meses, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja constató que no se vulnera ningún derecho de la expresidenta Jeanine Añez, sino que al contrario, la exmandataria goza de "ciertos privilegios" que ya quisieran tener otras privadas de libertad.


"No vimos ninguna vulneración a sus derechos, al contrario, tiene privilegios. Cuánto nos gustaría que todas las hermanas que están recluidas en ese centro penitenciario reciban la misma atención, como contar con un ambiente separado, no estar junto con la población carcelaria y no ingerir los mismos alimentos que las privadas de libertad", dijo la diputada Gladys Quispe, integrante de dicha comisión.

En esa ocasión, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló que Añez es atendida por tres médicos que están a disposición las 24 horas del día y que recibe medicamentos, comida personalizada, la visita su médico particular y hasta cuenta con su propio oxígeno.

Los procesos por los que se la investiga

En el marco de las investigaciones dentro del caso denominado Golpe de Estado, Jeanine Añez está acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

La Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo trata las proposiciones acusatorias referidas a la aprobación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), la firma de decretos supremos que atentan a la libertad de expresión y la ampliación de registro de comercio en favor de Fundempresa.

La Fiscalía presentó una proposición acusatoria contra la exmandataria por los delitos, provisionalmente, de genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte; durante las masacres de Senkata y Huayllani en 2019.