Lima percibe una propuesta de pacto de impunidad 'intolerable' en el pedido de Mesa

Mesa pidió al Gobierno "voluntad política" para cambiar primero la justicia "como condición previa" al procesamiento de juicios de responsabilidades contra Áñez y Morales.

Lima percibe una propuesta de pacto de impunidad 'intolerable' en el pedido de Mesa
Mesa pidió al Gobierno "voluntad política" para cambiar primero la justicia "como condición previa" al procesamiento de juicios de responsabilidades contra Áñez y Morales.

El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que el pedido del líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de reformar primero la justicia antes de ejecutar los procesos contra los expresidentes Jeanine Áñez y Evo Morales por las graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis de 2019, es una propuesta de pacto de impunidad "intolerable" porque las víctimas no pueden esperar tanto tiempo para que sus denuncias avancen.

"Una reforma judicial no es un proceso de una semana, de un mes o de un año, es un proceso de mediano y largo (…), y no le podemos decir a las víctimas que tienen que esperar a que termine esa reforma para hacer justicia, (por tanto) eso es intolerable, eso es proponernos un pacto de silencio, eso es proponernos un pacto de la impunidad y no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir, tenemos todos los caminos legales, constitucionales y convencionales para que en este país exista justicia", afirmó Lima en una entrevista con La Razón Radio.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en el último trimestre de 2019 —es decir durante la parte final del gobierno de Morales y el inicio de la gestión de Áñez— se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia, en el marco de un conflicto político rodeado de violencia y donde al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

Tras conocerse ese informe, varios sectores de la oposición política consideraron que entonces deberían ser juzgados ambos exmandatarios y en ese sentido Mesa pidió al Gobierno "voluntad política" para cambiar primero la justicia "como condición previa, absolutamente inseparable lo uno de lo otro, a la realización y procesamiento de juicios de responsabilidad no solamente a la expresidenta Áñez sino también al expresidente Morales".

Sin embargo, nosotros "los interpelamos, les exigimos (a los opositores para) que participen de este proceso de justicia y den curso al juicio de responsabilidades" en la Asamblea Legislativa, agregó el ministro Lima.

Al momento, está en curso un pedido de juicio de responsabilidades contra Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, que fueron los hechos más sangrientos de la crisis de 2019.

El viernes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que ya se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio contra la expresidenta transitoria para que se tramite el juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa por las 20 muertes registradas en esas dos masacres.

"Nosotros pensamos y ratificamos que Jeanine Áñez es autora mediata de esas masacres sangrientas, esas ejecuciones extrajudiciales de bolivianos, (porque) sabemos que esto ha sido a consecuencia de un decreto supremo (que su gobierno aprobó para dar) impunidad a los militares y policías (que reprimieron en esas dos regiones)", subrayó Lima.

La autoridad gubernamental espera que finamente en los próximos días llegue a la Asamblea Legislativa la proposición de juicio de responsabilidades contra Áñez.

"Y en ese momento, la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa (que son los líderes de las dos bancadas de la oposición) tienen que decirle al país si están con la impunidad, si están con la posibilidad (…) de cubrir con un manto de impunidad a quien fue la autora mediata principal de estos graves crímenes o si darán un paso democrático, un paso de apoyo al informe del GIEI", sostuvo.

El juicio de responsabilidades a Áñez –quien permanece recluida desde marzo por el caso Golpe de Estado– tiene que ser aprobado por dos tercios de votos en el Legislativo, donde el oficialismo ya no tiene dos tercios, por lo que necesitará del apoyo de la oposición.