Juan Méndez, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirmó ayer que la posesión de Jeanine Añez como presidenta en 2019 no "constituyó una sucesión constitucional legítima", de acuerdo al análisis que se hizo de la Constitución Política del Estado. El experto declaró anoche, en el programa Primer Plano de Bolivia TV, que el GIEI no tenía el mandato de pronunciarse si hubo fraude o golpe de Estado en Bolivia; sin embargo, afirmó que en el informe final sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 hay una cronología de hechos que incluyen un análisis de la Constitución sobre la sucesión presidencial. Juan Méndez fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles , Inhumanos y Degradantes. "Efectivamente, lo único que hicimos fue poner en el informe la forma en que se llegó a constituir un gobierno provisorio, está en nuestro informe, no constituyó una sucesión presidencial legítima", sostuvo Méndez. Esta situación es descrita ampliamente en la página 27 del informe del GIEI, donde indica: "En reunión del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia". Para el experto, fue primordial hacer énfasis en los antecedentes de varios hechos y acciones para demostrar que varios líderes políticos, de todas las tendencias, tenían responsabilidades por la creación de condiciones que llevaron a una espiral de violencia que causaron luto. El 12 de noviembre, según la cronología del GIEI, Jeanine Añez ingresó al Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Esto sucede luego de una serie de actos de violencia en varias regiones del país, y días antes de que la Policía se amotinara y los jefes militares sugirieran la renuncia del entonces presidente Evo Morales. "Efectivamente, tanto las fuerzas militares como las fuerzas del orden público tienen que estar sujetas al poder civil, en ese sentido el motín policial y la sugerencia, entre comillas, de que renunciara el Presidente son claras muestras de insubordinación de esas fuerzas al poder civil, esperamos que con esta lección aprendida eso no vuelva a suceder", señaló Méndez. El informe del GIEI contiene más de 400 páginas que demuestran que en 2019 hubo masacres en Bolivia.