Ahora, el TSJ deberá remitir la proposición a la Asamblea Legislativa y esa instancia deberá aprobar el juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez.


El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó hoy que el Ministerio Público presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Añez por las denominadas masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) el 2019.

Ahora, el TSJ deberá remitir la proposición a la Asamblea Legislativa y esa instancia deberá aprobar, por dos tercios, el juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez.

"En mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos de Sacaba y Senkata y los antecedentes acumulados en observancia a los plazos legalmente previstos, el Ministerio Público presentó ante el TSJ el requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Añez por tales hechos", aseveró el Fiscal General en conferencia de prensa.

Lanchipa, en ese sentido, afirmó que los sucesos luctuosos de Sacaba y Senkata son calificados como delitos de genocidio, lesiones graves, leves y lesiones seguidas de muerte.

"La proposición acusatoria presentada por los hechos que provocaron la muerte de 20 personas y decenas de heridos se funda en un proceso transparente de recolección de antecedentes (…) solicitando que dicha instancia remita tal información a la Asamblea Legislativa para la aprobación del juzgamiento", acotó Lanchipa.

La decisión de la Fiscalía llega un par de días después de que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) califacara como 'masacres' los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, cuando más de 30 personas perdieron la vida fruto de operativos policiales- militares durante la gestión de Añez.

Además, ya el pasado mes de marzo, la Fiscalía había remitido al TSJ otras cuatro proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez y varias exautoridades de su Gobierno por los siguientes casos: Préstamo inconstitucional del FMI, Violación de la libertad de expresión en la cuarentena, Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile y por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa.