El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de "excelente" el informe del GIEI sobre los hechos de violencia y muerte en la crisis de 2019 porque aporta pruebas de la violación de derechos humanos y "ejecuciones sumarias y torturas durante el gobierno de Jeanine Áñez".

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el martes su informe de una investigación de ocho meses de lo ocurrido entre septiembre y diciembre de 2019, antes, durante y después de la renuncia de Evo Morales.

"Excelente informe del GIEI aporta pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno y las gravísimas violaciones de DDHH durante las protestas de 2019, incluyendo ejecuciones sumarias y tortura durante el Gobierno de Áñez", sostuvo Vivanco en una serie de mensajes en Twitter.

Vivanco aseguró que las pruebas encontradas por el grupo de expertos "elimina de una vez por todas la versión disparatada del gobierno de Áñez de que los manifestantes se mataron unos a otros en Sacaba y Senkata.

Un total de 37 muertes fueron identificadas. Una veintena de ellas ocurrieron en los hechos calificados de masacre en Sacaba y Senkata, donde militares y policías intervinieron protestas de sectores sociales en apoyo a Morales.

"Documentó 37 muertes en el contexto de protestas entre sep y dic 2019. Ellas no responden a un único color político. Es imperativo que la fiscalía boliviana despierte de su marasmo e investigue con diligencia e imparcialidad estos hechos. No pueden quedar impunes", demandó el responsable de la institución que defiende el respeto a los derechos humanos.

También hizo notar la violencia con la que actuaron contra la población civil en El Alto. "Documentó arrestos ilegales, tortura sistemática de detenidos, agresiones sexuales y un patrón de arbitrariedad por la policía. Esos hechos requieren una investigación seria, imparcial e inmediata por parte de la fiscal".


Vivanco sostuvo que el informe del GIEI apuntó "que hubo participación y responsabilidad del gobierno de Evo Morales" en los ataques "muy graves" en Vila Vila y Playa Verde contra quienes se trasladaban a La Paz para sumarse a las protestas en demanda de la dimisión de Morales, que finalmente ocurrió el 10 de noviembre.

"El informe del GIEI debe ser tomado en serio. La fiscalía debe investigar imparcialmente las violaciones a DDHH, sin importar la opinión política de las víctimas, y los responsables deben ser enjuiciados. Y es crucial una reforma para dotar de independencia a la justicia", demandó.

Respecto al estado de situación de la Justicia, coincidió que el "carácter transitorio de la gran mayoría de los jueces y fiscales los expone a presiones políticas y el uso arbitrario de acusaciones de terrorismo y sedición, delitos definidos de modo abierto en la ley".

Respecto al anuncio del presidente Luis Arce de anular el decreto de amnistía, celebró la decisión porque "abría camino a la impunidad por delitos graves y abuso".