El pronunciamiento fue realizado por la portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell. La ONU pidió que el documento sirva "para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia".
La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió hoy que el informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), sobre los hechos acontecidos en Bolivia a finales del 2019, sea utilizada de forma "constructiva e imparcial".
Además, la ONU pidió que el documento sirva "para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia".
El pronunciamiento fue realizado por la portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell. En ese sentido, la ONU destaca algunos de los aspectos dados a conocer por el GIEI.
"Acogemos el informe presentado esta semana por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que concluye que en el Estado Plurinacional de Bolivia se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso sistemático de tortura, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, durante la crisis postelectoral de 2019. Las conclusiones del GIEI sostienen que la violencia tuvo sesgos raciales y anti indígenas, y que además las fuerzas de seguridad recurrieron al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y no impidieron adecuadamente los actos de violencia. Estas conclusiones están en línea con las del informe publicado por nuestra Oficina en agosto de 2020", señala el texto.
Asimismo, la ONU señala que las recomendaciones emitidas por el GIEI "constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia".
El organismo internacional también saluda el compromiso del presidente boliviano, Luis Arce, respecto a implementar el informe del GIEI "e instamos a las autoridades a establecer prontamente un mecanismo que garantice que estas recomendaciones se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo", señala.
"La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su presencia en el país, está a disposición para apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia en este importante proceso y reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias", finaliza el texto.
En su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, el GIEI concluyó que hubo violación de DDHH en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez y calificó de 'masacres' las represiones ocurridas en Senkatra (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) durante l Gobierno transitorio de Añez.
Además, emitió diversas recomendaciones: unos para el Estado; otros para la sociedad civil; y otros para la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre ellos, el Grupo recomienda "adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019"; "otorgar las medidas que establece el mencionado plan de atención y reparación integral a las víctimas, diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente y pluralista, y que incorpore un procedimiento para realizar un "censo" de víctimas, conforme al principio de universalidad"; "promover actos públicos para reconocer la dignidad de todas las víctimas y la responsabilidad estatal en las vulneraciones a los derechos humanos"; y apoyar y acompañar iniciativas de la sociedad civil para conmemorar y preservar las memorias de lo ocurrido sin imponer versiones únicas sobre los hechos.
La ONU pide que el informe del GIEI sea usado de forma imparcial, promueva la justicia y el diálogo
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