Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia) presentara su informe final sobre los hechos ocurridos a finales del 2019 e identificara graves problemas en el sistema judicial boliviano, las principales autoridades de justicia del país anunciaron una reunión conjunta para empezar a encarar la reforma judicial en Bolivia.

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el GIEI se reunirá y predentará su informe hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y también al Ministerio Público. Luego, las principales autoridades de justicia se reunirán y posteriormente ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer al país los pasos a seguir para lograr una verdadera reforma judicial.

"El informe ha establecido la urgente necesidad de que la justicia adquiera un carácter de independencia, imparcialidad e idoneidad que nos permita a los bolivianos estar orgullosos de ella rumbo a nuestros 200 años de vida independiente (…)Trasmitir nuestro firme compromiso con la independencia de la justicia, la transformación de la justicia a la cabeza del TSJ", aseveró el ministro Lima en conferencia de prensa.

En ese sentido, Lima recalcó la importancia de que la reforma judicial parta de los propios jueces y el Tribunal Supremo de Justicia y también reiteró el compromiso del Gobierno para que haya justicia para los familiares de todas las víctimas de los hechos del 2019.

"Las familias deben estar seguras de que toda la institucionalidad estatal va a lograr justicia por todas las víctimas fatales; ello implica necesariamente juicio de responsabilidades, procesos ordinarios y la firme convicción del Estado, de que ningún crimen quede en la impunidad", dijo.

Por su parte, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, también comprometió el trabajo para reformar la justicia en base a las recomendaciones del GIEI.

"Muchas de las recomendaciones, prácticamente la sociedad y las instituciones de nuestro país, ya la percibían de la forma como se ha expresado en este informe y toca al Órgano Judicial trabajar en una profunda reforma judicial, obviamente acompañado y de forma coordinada como manda la Constitución con el de Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa", afirmó.

Asimismo, señaló que los hechos de violencia y masacres identificados por la GIEI no pueden quedar en la impunidad

"Entendemos que los hechos que se están puntualizando en el informe del GIEI no pueden quedar en la impunidad. Si hubo operadores de justicia que casi actuaron de manera cómplice con hechos irregulares y vulnerando Derechos Humanos y el debido proceso, deben ser investigados como cualquier otro ciudadano, nadie está encima de la Ley y la Constitución. Operadores que se apartaron de la Constitución y la norma, y actuaron a partir de presiones políticos u otro interés, deben rendir cuentas también ante la ley. Ese es el criterio del TSJ", agregó.

En su amplio informe, el GIEI es sumamente crítico sobre el estado de la justicia y la independencia de poder en el país.

Identifica, por ejemplo, la falta de independencia en la administración de la justicia, la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos, el abuso de la detención preventiva; y obstáculos al derecho a la verdad y la justicia.