GIEI: Añez se proclamó presidenta del Senado y del Estado en sesión sin el quórum requerido

En su informe, el GIEI también señala que el inicio de la crisis del 2019 fue el incumplimiento a los resultados del 21-F y fue la paralización del TREP l que acrecentó la creencia de un supuesto fraude. También cuestiona duramente que la Policía y las FFAA hayan "recomendado" la renuncia del expresidente Evo Morales.

El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala que Jeanine Añez se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores, luego de la Asamblea Legislativa y posteriormente del Estado en una sesión que no contó con el quórum necesario y establecido en el reglamento.

"Según el reglamento interno de la Cámara de Senadores, para elegir el presidente del Senado se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir 19 legisladores. El mismo reglamento tiene normas que, de un lado, atribuyen a la segunda vicepresidenta reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas se hallen ausentes y, de otro, define que corresponde la presidencia de la Cámara al bloque de la mayoría. En reunión del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quorum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia", señala el informe del GIEI.

Asimismo, resalta que Añez recibió la banda presidencial y el bastón de mando de las manos del jefe de la Casa Militar y afirma que sus primeros mensajes como Presidenta tuvieron un fuerte mensaje "antiindigenista".

"Los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y antiindigenista, acompañado de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena, representada en esos momentos por la Wiphala, lo que indignó a las personas que se autoidentifican como población indígena, originaria, campesina y comunitaria.Además, altos dirigentes de la nueva administración se pronunciaron prometiendo el "escarmiento" y la "cacería" de los ahora opositores", señala el texto.

Asimismo, cuestiona que una de las primeras acciones de Añez fue la promulgación del Decreto 4078, que permitía a las fuerzas armadas accionar junto a la policía para "restablecer la paz" social y les eximia de cualquier responsabilidad penal por las consecuencias fruto de tales acciones.

"El 28 de noviembre de 2019 se derogó el Decreto. Para ese entonces las masacres de Senkata y Sacaba, los dos hechos de violencia con mayor número de víctimas mortales como resultado de un operativo conjunto entre FF. AA. y policía, ya habían acontecido el 15 y 19 de noviembre", acota el texto.

El 21-F, la crisis electoral y la renuncia de Morales

En su informe, la GIEI también hace referencia al polémico proceso electoral del 2019 y la crisis que generó en el país.

En ese sentido, el informe señala que el inicio de los conflictos que desencadenarían la crisis de finales del 2019 surgieron tras el no respeto a los resultados del referéndum del 21-F y apunta a que las sospechas de "fraude" y las amenazas de desobediencia civil se hicieron sentir incluso antes de los comicios.

Además, resalta que fue la paralización del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), la noche del 20 de octubre, día de las elecciones, lo que avivó las sospechas de una presunta manipulación de votos.

"El conteo se inició al cierre de las urnas, mediante el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), conocido como "conteo rápido". Con el 83,76% de los votos emitidos, el resultado parcial mostraba que Evo Morales lideraba la votación, pero no alcanzaba la diferencia de votos de 10% o más, necesaria para ser declarado ganador en primera vuelta. Alrededor de las 8:00 p. m., el conteo rápido se suspendió hasta la mañana siguiente, cuando se anunciaron los nuevos resultados que indicaban un aumento en la diferencia de votos entre los dos candidatos, para una victoria de Evo Morales en la primera vuelta. Si bien el llamado "conteo rápido" no constituye resultado oficial y, en cambio, está sujeto a corrección en el escrutinio definitivo, la interrupción de la transmisión de datos provisorios alimentó la percepción de una posible manipulación de cómputos", añade el texto.

Resalta, asimismo, que la OEA identificó irregularidades en el proceso electoral y esos resultados "alimentó los cuestionamientos sobre el proceso electoral y derivó en una serie de enfrentamientos entre las posturas en pugna: un sector que alegaba la materialización de un fraude electoral y otro que apoyaba la victoria de Evo Morales".

A continuación, relata los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morles y ot5ras principales autoridades, como el exvicepresidente Álvaro García Linera y los presidentes del legislativo, Adriana Salvatierra (Senado) y Víctor Borda (Diputados).

"Luego de su renuncia, Evo Morales denunció en sus redes sociales que un oficial de la policía había anunciado públicamente tener la instrucción de ejecutar una orden de aprehensión en su contra. Asimismo, denunció el allanamiento violento de su domicilio.48 Ese mismo día, y con la policía aún amotinada, por orden del Ministerio Público se detuvo a María Eugenia Choque, quien fungía como presidenta del Tribunal Supremo Electoral y a Antonio Costas, su vicepresidente. En los siguientes días, se detuvo a otras 36 autoridades electorales a nivel nacional", acota el texto.

Asimismo, el informe hace especial énfasis en que la policía y las Fuerzas Armadas "recomendaron" la renuncia del expresidente Evo Morales, hecho que, señala, no garantiza el "funcionamiento adecuado del Estado democrático".

" El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica", acota el documento.