La gota que labra la piedra puede convertirse en realidad en el enguerrillado escenario político boliviano. Desde mediados de junio de este año, uno tras otro, golpes en forma de informes, revelaciones, fallos y por supuesto desaciertos oficialistas han ido socavando lo que parecía una roca indestructible y han debilitado la fábula oficialista de que en 2019 se produjo un "golpe de Estado" que impuso un "gobierno de facto" y que éste a su vez cometió "masacres contra el pueblo movilizado".

En julio la Conferencia Episcopal de Bolivia o la jerarquía de la Iglesia Católica hizo conocer su informe-memoria sobre el proceso de pacificación que contiene varias revelaciones en torno a cómo el MAS, encabezado por Evo Morales, deliberadamente produjo un vacío de poder con la posibilidad cierta de que eso conduzca a un enfrentamiento fratricida. De ahí las negociaciones por la pacificación y la necesaria y urgente sucesión constitucional que recayó en la expresidenta Jeanine Áñez.

Fue el primer golpe al relato del "golpe de Estado" que entre marzo y junio se campeó en el país apuntalado por acciones de persecución política con el encarcelamiento de exgobernantes transitorios y exjefes militares.

Empezando julio fueron precisamente exintegrantes del Alto Mando Militar, elegido y posesionado por Evo Morales en 2019, quienes revelaron que Morales y su entorno habían decidido renunciar a sus cargos electos después del fraude en las elecciones de 2019 y amenazaron con "incendiar La Paz" si no se viabilizaba su salida del país en un avión mexicano.

El gobierno y el MAS, con ayuda de la administración kirchnerista de Alberto Fernández, intentaron contrarrestar el impacto del segundo golpe a la tesis del "golpe" con una acusación internacional de envío ilegal de armas a Bolivia para masacrar a los movilizados del MAS desde Argentina, con el visto bueno del gobierno del expresidente Mauricio Macri.

El tercer golpe fue en realidad un "autogolpe", del masismo y su fiscal Juan Lanchipa que a fines de julio presentó lo que vino a denominarse como el Informe Corchado, un estudio hecho por la consultora española Bisite, dirigida por el docente universitario Juan Manuel Corchado, que concluyó que no hubo fraude electoral en 2019 y, por tanto, era suficiente para que Lanchipa anuncie el cierre del caso que él mismo abrió el 10 de noviembre de 2019, cuando el país estuvo por casi 48 horas sin Presidente ni gobierno.

Como gotas que labran la piedra, poco a poco se fueron conociendo las opacidades del informe hecho a medida de la Fiscalía General, que pagó 30 mil dólares por el trabajo. Se supo, por ejemplo, que Bisite tiene cero experiencia en estudios de integridad electoral, fue una consultoría elaborada a control remoto, sobre la base de información provista por la Fiscalía que además corrigió siete veces el documento final antes de hacerlo público.

Y por si eso fuera poco, la confesión del mismísimo Corchado en medios estatales de que su polémico, contradictorio e inconsistente informe debía tener carácter privado, entre su contratante, el Ministerio Público boliviano, y su consultora nutrida con estudiantes de la carrera de informática de la universidad de Salamanca.

El cuarto golpe que ha dejado tambaleante a la estrategia del masismo vino de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos hace unos días. Se trata del informe ratificatorio de la auditoría vinculante de expertos internacionales que llegaron al país en octubre de 2019, los cuales encontraron manipulación dolosa de los resultados, una "vergüenza hemisférica" que ubicó a las elecciones de ese año como la peor de todas las que supervisó la OEA en la última década en todo el continente.

Pero como los astros ahora están alineados en contra del embuste del "golpe de Estado", este jueves se conoció la versión no oficial del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Opinión Consultiva solicitada por Colombia en torno a la reelección presidencial. La decisión, que la conocen oficialistas y opositores, es definitiva: la reelección presidencial no es un derecho humano y, por tanto, la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, de 2017, es una aberración porque el único intérprete del Pacto de San José de Costa Rica, la Corte IDH, ya tiene su palabra final.

¿Qué hizo Morales? Se mostró sorprendido por el quinto golpe a su absurda teoría del golpe, aunque el fallo se refiere al referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 pero es la génesis de la guerra política actual, y quiso salir de las cuerdas proponiendo el cierre de la OEA, lo que quiere decir que si las cosas no salen como él quiere, hay que eliminar las instituciones garantes de la vigencia de la democracia en nuestros países.

Queda otro golpe en carpeta y puede ser otro contra la farsa del "golpe de Estado". El informe final esta vez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos violentos de noviembre de 2019 en Senkata, Sacaba y otros lugares del país. Si ese documento no dice que hubo "masacres" como repiten los masistas, Morales y su entorno tendrán que ir pensando en inventar otro relato o seguir con el mismo pero condenado a ser el intento fallido por doblegar a la democracia.