La empresa EPA aplicó de forma unilateral las tarifas portuarias para 23 servicios portuarios para la carga boliviana, sin haber llegado a ningún acuerdo con su similar, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B).


El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, manifestó su rechazo a la propuesta de la Empresa Portuaria de Arica (EPA) y afirmó que el Estado boliviano no aceptará ninguna imposición tarifaria por parte de Chile.

La empresa EPA aplicó de forma unilateral las tarifas portuarias para 23 servicios portuarios para la carga boliviana, sin haber llegado a ningún acuerdo con su similar, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B).

"No se alcanzó ningún acuerdo con la gente de EPA, nosotros rechazamos categóricamente este incremento, no vamos a aceptar este aumento por parte de la Empresa Portuaria de Arica en tanto y cuanto no lleguemos a un acuerdo entre ambas partes. Hay que evaluar de manera técnica lo planteado por EPA, no vamos a aceptar ninguna imposición", declaró Morales en conferencia de prensa, según un boletín.

En el mismo sentido se pronunció el Gerente de la ASP-B, Dante Justiniano, y dijo que "desmentimos categóricamente el haber llegado a un acuerdo, nunca se firmó ningún documento porque desde el principio se manifestó que este tipo de acuerdos siempre deben tratarse de Estado a Estado", enfatizó.

El viceministro Morales recordó que la ASP-B planteó un descuento del 53%; sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por la empresa chilena sin ningún argumento técnico y económico.

"Yo quisiera saber por qué cobran 40 dólares por un contenedor de 40 pies ¿cuánto se paga de esos 40 al tema del puerto? Pero ellos no justifican cada uno de los servicios que prestan, por eso les pedimos un espacio de seis meses para analizar la tarifa de esos servicios", complementó Morales.

Ante la serie de irregularidades, imposiciones y falta de seriedad en las negociaciones, Justiniano enfatizó en que no se acatará la subida de tarifas arbitrarias que impuso EPA.

Asimismo, desvirtuó versiones de la empresa chilena en sentido de que desde febrero se haya recibido una oferta sobre las nuevas tarifas. Aclaró que dicha empresa entorpeció las reuniones técnicas a título de encontrarse en fase uno de la pandemia del COVID-19, incluso rechazaron la posibilidad de entablar reuniones virtuales con los técnicos bolivianos.

"La ASP-B realizó el pedido desde el mes de abril para definir este tema; fijamos el 1 de julio de 2021 las primeras reuniones sobre esta temática, inclusive limitándonos a la cantidad de personal técnico que podían asistir a estas reuniones", aseveró.

De acuerdo con Justiniano, la ASP-B siempre comunicó que, de acuerdo a la estructura del Estado, el tema sería consultado a las autoridades competentes del Gobierno en virtud a la sujeción al vigente Tratado de 1904 de Paz y Amistad, el cual brinda derechos adquiridos de libre tránsito y todas las facilidades que debe brindar Chile a Bolivia.