Sólo en 2020 se registraron 6328 denuncias por violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, en nuestro país. En base a esa cifra se estima que cada día se registran 17 agresiones sexuales. Entre enero y el 25 de abril de 2021 se registraron 2529 casos de violencia sexual enmarcados en la ley 348, según el reporte del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer. Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), en los últimos cinco años 19.938 niñas menores de 14 años asistieron a un centro de salud para realizarse el control prenatal después del cuarto mes de embarazo. Al ser menores de edad, los embarazos infantiles son considerados como fruto de violencia sexual. Si bien se trata de los datos registrados oficialmente, se estima que existe subregistro de los casos que ocurren y no se denuncian. La evidencia nos muestra que la violencia sexual contra las mujeres en Bolivia es uno de los problemas más graves que tiene como víctimas principales a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, se trata de una de las más graves formas de violencia contra las mujeres y, probablemente, la menos abordada, porque implica una cantidad de prejuicios que se deben romper. A pesar de los esfuerzos de visibilización de las diversas formas de violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia sexual contra niñas y adolescentes continúa siendo la más invisible. A diferencia de lo que podría pensarse, la violencia sexual no se produce en la calle, sino que la mayoría de casos son perpetrados por un conocido o por personas del entorno familiar (padres, hermanos, primos, tíos) o en el ámbito escolar. De ahí que la violencia sexual esté cubierta de un manto de silencio cómplice, porque se prefiere ocultar, asegurando impunidad para los agresores. El 9 de agosto en Bolivia se conmemora el día de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes, a manera de recordatorio de la necesidad de visibilizar esta problemática e intervenir a nivel de las prácticas socio culturales, en la educación, impulsar estrategias comunicacionales sostenidas de prevención, también en el ámbito de la salud, incorporando la perspectiva de igualdad de género y asegurando la implementación de las leyes vigentes para acabar con la impunidad. Monica Novillo es Comunicadora Social *La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva de la autora y no representa necesariamente la posición oficial de La Ventana