Cancillería rechaza injerencia de la OEA y advierte un nuevo intento de desestabilización


La Cancillería emitió un comunicado a la opinión pública en el que denuncia la injerencia de la Secretaría General de la OEA en
asuntos internos del Estado boliviano, y ratifica la probidad y valía técnica del trabajo pericial a partir del cual la Fiscalía dio por cerrado, en una primera instancia, el caso fraude.
"Se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente
lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación, de carácter controversial, abierto a todo medio probatorio, que resguarda los derechos y garantías entre las partes y
que no es cuestionable bajo ningún argumento del señor Almagro", señala parte del texto difundido la noche del lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Luis Almagro y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, ratificaron en la víspera la validez de su auditoría a las elecciones generales de Bolivia de 2019, sobre
la base de la que la derecha concretó un golpe de Estado, bajo el argumento de un presunto fraude nunca probado. En su texto, además, fustigan la pericia de expertos de la Universidad
de Salamanca que ratificaron que en los mencionados comicios no hubo manipulación de resultados.
Ante esta clara muestra de intromisión en temas independientes y autónomos de Estado, en este caso el accionar del Órgano Judicial, la Cancillería agrega en su comunicado que "la
auditoría que defiende el secretario general fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas". El texto continúa aseverando que "el Estado boliviano rechaza este tipo de afirmaciones, señalando que es un Estado democrático en todo su accionar y las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia".
El documento finaliza: "El Estado boliviano toma nota de esta nueva actitud irracional e ilegal del secretario general y deja constancia expresa que denunciará esta conducta ante
instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse por la gravedad de los hechos.