El Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz levantó este domingo la orden de aprehensión del exministro Héctor Arce porque supuestamente no se respetaron sus derechos constitucionales y de esta manera podría abandonar en cualquier momento la residencia diplomática de la Embajada de México en La Paz.

Arce fue denunciado por haber sido parte del supuesto fraude electoral y sobre él pesan denuncias por falsificación de documentos o uso de documentos falsificado, obstaculización de procesos electorales, alteración y ocultación de resultados y manipulación informática, en las horas posteriores a la paralización inexplicable de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la noche del 20 de octubre, cuya diferencia aumentó a favor de Evo Morales respecto a Carlos Mesa en alrededor de 2,5% de los votos válidos, porcentaje suficiente para alterar el conteo y evitar una segunda vuelta, según una investigación de un reciente estudio realizado por expertos de las universidades de Texas y Oklahoma (EEUU) y publicado por Página Siete.

En su extensa intervención, la defensa de la exautoridad señaló que Arce "jamás fue notificado con el inicio del proceso en su contra", y que los abogados no tuvieron acceso al cuaderno de investigaciones, argumento que permitió al extitular de Justicia quedar libre de una aprehensión, según reporte de Gigavisión. La audiencia, que empezó en la tarde del sábado, se desarrolló de manera virtual hasta la madrugada de este domingo.

El exministro Arce fue incluido en la denuncia por el presunto fraude electoral del 20 de octubre de 2019, presentada por el excandidato Carlos Mesa y líder de Comunidad Ciudadana (CC). La orden de aprehensión fue emitida el 17 de marzo de 2020.

De acuerdo con el alegato de los dos apoderados del exministro, la orden de aprehensión emitida por los fiscales Luis Fernando Atanacio Fuentes, Alexis Vilela Dorado, Gregorio Blanco Tórrez, Ingrid Rocío Feraudi Guerra y César Choquehuanca, viola diferentes derechos e incumplió una serie de procedimientos legales.

La exautoridad se encuentra desde hace 11 meses en la residencia diplomática mexicana, ya que el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz dejó sin efecto la orden de aprehensión argumentando que no se respetó el debido proceso ni sus derechos constitucionales.

En días pasados, el presidente electo Luis Arce se comprometió a dar salvoconductos a exfuncionarios públicos refugiados en la residencia mexicana. "Como entendemos que han pedido un salvoconducto, en aplicación de la normativa internacional, se los vamos a dar", dijo Arce en una entrevista con EFE.

Entre los solicitantes de salvoconducto están los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz. También se encuentran Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro, y Nicolás Laguna, exdirector de Agetic.

​​El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, aseguró el martes (20) que la Policía Boliviana mantendrá el resguardo de la residencia diplomática de México en La Paz, que acoge a exautoridades del anterior gobierno acusadas de diversos delitos.​​​