La Convención Constituyente cumple un mes desde su instalación en Chile, logrando superar la desconfianza inicial para comenzar a trazar el camino de la gigantesca tarea que tiene por delante: una nueva Constitución que responda a los anhelos de cambio de los chilenos.

Desde su accidentada instalación el 4 de julio, en una sesión suspendida debido a protestas en el exterior del recinto y los problemas técnicos que obligaron a posponer la primera sesión de trabajo, se logró avanzar en la organización inicial y en el crucial reglamento que permitirá redactar las nuevas leyes.

Se lograron instalar, además, ocho comisiones de trabajo, entre ellas la de presupuestos, participación ciudadana e información y transparencia, junto con ampliar la mesa directiva de dos a nueve miembros, con siete nuevas vicepresidencias.

«Desde que nos instalamos hemos desarrollado un trabajo incansable», dice Elisa Loncon, presidenta de la Convención en una rueda de prensa con periodistas de medios extranjeros, destacando el trabajo levantado desde «cero» para organizar esta nueva institución y dotarla de las normativas mínimas.

Según Loncon, se dieron un plazo de un mes para terminar el reglamento, la columna vertebral desde la cual se redactará la nueva Constitución.

Doctora en lingüística y representante del pueblo mapuche, Loncon abre las sesiones con un saludo en mapudungún, la lengua de los mapuche (principal etnia chilena) relegados por siglos de los espacios de deliberación política, en una muestra del cambio que ya experimenta el país.

Romper la desconfianza

Con 155 miembros, en su mayoría independientes de diferentes afinidades de izquierda, indígenas y una derecha en minoría, en lo que muchos ven como el espejo más real del Chile de hoy, uno de los primeros obstáculos fue romper la desconfianza inicial.

«Somos personas que no nos conocíamos. Estamos empezando a mirarnos a los ojos, empezando a conversar y a establecer una relación de confianza», relata a la AFP Patricia Politzer, constituyente de la agrupación «Independientes no neutrales».

«Algunos llegaron con mucha rabia, con mucha frustración, y otros con bastante miedo de qué es lo que lo que aquí iba a pasar», pero tras la catarsis inicial, con algunas declaraciones impropias, los decibeles empezaron a bajar y se empezaron a construir las confianzas, agrega.

El proceso que tiene a Chile sumergido en la redacción de su primera Constitución de manera colectiva surgió tras el acuerdo político que se alcanzó para darle una salida institucional a las masivas protestas que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019, en reclamo de una mayor igualdad social.

En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, un 79% aprobó la redacción de una nueva Carta Magna que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), sindicada como el origen de las desigualdades sociales.

El 15 y el 16 de mayo pasado, fueron escogidos los 155 miembros de la Convención, que por primera vez, incluyó la paridad de género y reservó 17 escaños para indígenas.

Derecha en minoría

La derecha, que en su mayoría abogó por mantener la Constitución de la dictadura, obtuvo 37 constituyentes y no logró asegurar el tercio de la votación que le permitiría bloquear los cambios.

Su facción más conservadora ha acusado acciones totalitarias por parte de la Presidencia de la Convención, pero su parte más liberal ha mostrado un ánimo de mayor acuerdo.

«Ha sido un mes más que positivo, porque hemos ido empujando un carro difícil que estaba lleno de desconfianza pero que ha salido adelante tras una campaña de mucha polarización, de mucho insulto», dijo a la AFP Cristian Monckeberg, constituyente de partido de derecha Renovación Nacional.

Como señal de unidad en la elección de las nuevas siete vicepresidencias se abogó por un mecanismo de votación que le permitiera a la derecha asegurar un cupo.

«A los adversarios hay que derrotarlos, no excluirlos», dijo el convencional del Partido Socialista, Pedro Muñoz, ante los reclamos del Partido Comunista y la Lista del Pueblo, que buscaban dejarlos fuera.

Última esperanza

La redacción de los primeros artículos podría comenzar en septiembre. La Convención tiene un plazo de nueve meses (prorrogable una vez por tres meses más) para culminar su trabajo.

«Deberíamos tener más tiempo, pero nosotros somos realistas y es con el tiempo con el que contamos», dice Loncon.

Los constituyentes son conscientes de la gigantesca tarea que tienen por delante.

«No hay posibilidad de fallar. Son muchos los que sienten que ésta es la última oportunidad de que el país salga adelante», dice Politzer.

«No queremos pasar a la historia con un profundo fracaso, sino que por ser capaces de contribuir en canalizar este debate de buena manera», coincide Monckeberg.