El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, advirtió hoy que la investigación del ingreso irregular de municiones y tropas de Argentina debe esclarecer el destino y uso de por lo menos 40.000 balas antitumulto que según indagaciones iniciales fueron adjudicadas a las Fuerzas Armadas.

Lima reiteró que la Ley 400 y tratados internacionales de seguridad y defensa determinan que cualquier ingreso al país de armamento o tropas foráneas debe ser autorizado.

Recordó que las investigaciones en Argentina establecieron que el pedido de pertrechos contemplaba el transporte de 3.600 balines y al final a Bolivia llegaron 70.000.

Las municiones fueron repartidas entre la Policías y Fuerzas Armadas. Un total de 29,600 están en la Policía y no han sido inventariadas, se debe investigar si las 40.000 restantes que fueron asignadas a las Fuerzas Armadas se usaron en Semkata y Huayllani, según la autoridad.

Lima explicó que normas nacionales e internacionales regulan el traslado e ingreso de armamento en los países. "Hay una serie de normas que se deben tomar en cuenta, el Protocolo de Palermo, la Convención de Tráfico de Armas y todo lo que implica el traspaso fronterizo de armamento, debe tener regulación y debe tener autorización escrita de las diferentes autoridades", dijo en una entrevista con El Deber Radio.

"Si no hay una autorización del gobierno para el ingreso, estamos hablando de tráfico de armas", dijo.

La autoridad recordó que la Fiscalía General del Estado, encargada según ley de la investigación, encomendó a la Fiscalía Departamental de La Paz el esclarecimiento de este caso.

"Alguien (en Bolivia) ha tenido que dar la autorización para el ingreso del avión proveniente de Argentina con el cargamento de pertrechos, alguien ha tenido que negar que el avión del expresidente Evo Morales, salga", dijo el Ministro Lima en alusión al excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Terceros.

Lima aclaró que las balas antimulto o "balines" son considerados munición no letal cuando su uso está a cargo de policías desde una distancia mínima de 15 metros y mencionó que este caso se sumará al proceso iniciado para establecer los alcances del envío también irregular de material represivo desde Ecuador.

"Ha habido una coordinación de gobiernos extranjeros para intervenir en asuntos internos de Bolivia", sentenció.