El gobierno de Argentina denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri y sus excolaboradores bajo la figura de contrabando ilegal de cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas presuntamente enviadas a Bolivia el 12 de noviembre de 2019.

El caso surge a propósito de la carta en que presuntamente el exjefe de la Fuerza Aérea agradecía al entonces embajador argentino por el envío de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno Argentino.

Sin embargo, la defensa del excomandante de la Fuerza Aérea aseveró que la carta es falsa, puesto que corresponde al 13 de noviembre de 2019, pero el militar había puesto su carta a disposición el 12. También Macri negó las acusaciones y las calificó como un "disparate".

Según el gobierno argentino, los involucrados son Macri, Patricia Bullrich (ex Ministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (ex Ministro de Defensa), Jorge Faurié (ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex Director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex Director Ejecutivo de la ANMaC), Gerardo José Otero (ex Director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina).

La informaciòn fue proporcionada por el gobierno argentino en una nota de prensa en que califica a Jeanine Añez como "dictadora" y que hubo un "golpe de Estado" en 2019 en Bolivia.

En la denuncia se acusa los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos y porque considera que se trata de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.

El gobierno argentina sostuvo que la prueba material acompañada en la denuncia corrobora el envío del armamento. Señaló que el material se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina, pero fue desviado hacia las fuerzas armadas bolivianas.

Además del material ya mencionado, la denuncia agrega que se había ampliado 70.000 municiones antitumulto, además gases lacrimógenos y granadas.

"Se demuestra que en el pedido de autorización de armamento presentado por la Embajada ante la Policía Boliviana figura el material incluido en la autorización del 11 de noviembre, pero no las 70.000 municiones antitumulto, las granadas ni el gas lacrimógenos que se añadieron el 12 de noviembre, y que conformaría el material desviado", señaló el gobierno argentino mediante nota de prensa.