El Gobierno Argentino denunció este lunes al expresidente Mauricio Macri ante la Justicia por el supuesto "envío ilegal de armamento y municiones" de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, por entonces mandatario de ese país. La presentación involucra también a otras "altas autoridades del Poder Ejecutivo Argentino", entre ellos Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Jorge Faurie. "El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinos declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", dice la denuncia que lleva la firma de los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont. Desde Juntos por el Cambio negaron tanto la autenticidad de la carta en la que el Gobierno de Jeanine Añez agradece el envío como la veracidad de los hechos. Dijeron que mandaron gendarmes para proteger a funcionarios bolivianos y periodistas en medio de los conflictos que azotaban a ese país. Según la agencia Télam, en la denuncia ante la Justicia el Gobierno advierte sobre "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional". De acuerdo con los datos que se manejan en la Casa Rosada, el material bélico habría consistido en, por lo menos, 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; cinco gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; diez granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC. En la presentación judicial no sólo se denuncia a Macri sino también a "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de Argentina), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)". Señala, además, a "Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)". Los detalles de la denuncia De acuerdo con lo indicado por la agencia de noticias, la denuncia dice que "se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de Argentina". "La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata", señalaron los funcionarios que firmaron el escrito. Según indicaron, "no se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas", enfatizaron. La denuncia, que será sorteada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos ocho medidas de prueba para el inicio de la investigación. La respuesta de Juntos por el Cambio Antes de conocerse la denuncia, la titular del PRO y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió una dura carta dirigida al Presidente, en la que negó la denuncia y lo acusó de "comprometer" al país con su acusación. "Dolor y vergüenza causa la imprudencia, la impudicia y la velocidad con las que usted compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un partido diferente al suyo", señaló la ex funcionaria de Juntos por el Cambio. Por su parte, También antes de la presentación judicial del Gobierno, la fiscalía argentina había iniciado una investigación de oficio para corroborar si durante el macrismo hubo una decisión de enviar material bélico de manera clandestina al Estado Plurinacional de Bolivia. Por su parte, Normando Álvarez García, exembajador argentino en Bolivia, negó haber recibido la carta de agradecimiento. "Me sorprendió amargamente la noticia ya que en ningún momento la Embajada Argentina en Bolivia cuando yo la presidía recibió ningún pedido de esta índole y la nota publicada nunca fue recibida por mí y en las últimas horas del día de hoy el Comandante que habría firmado la nota, denunció que la misma es falsa y desconoce la firma del documento mostrado por el actual canciller de Bolivia Rogelio Mayta".