El ministro de Educación, Adrián Quelca, desmintió este martes una supuesta vinculación de su persona con el fiscal departamental de La Paz, William Alave, por un caso de corrupción sobre el "cierre ilegal del caso afiches", difundido por un medio escrito de circulación nacional.

Quelca rechazó la información y aclaró que esa investigación fue iniciada a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación.

"A través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se han activado todos los casos irregulares, arbitrarios, con indicios de corrupción que han existido en el Ministerio de Educación", explicó.

Respecto a las acusaciones que lo vinculan con el Fiscal Departamental la autoridad negó rotundamente haber tenido algún tipo de acercamiento con el objetivo de favorecer con sobreseimiento (conclusión de un proceso por considerar evidente la irresponsabilidad del inculpado o por falta de pruebas) al denunciado Agustín Tarifa. Agregó que el caso aún está en investigación.

"No tuve la oportunidad de conocer personalmente al fiscal William Alave, sí lo conozco a través de los medios de comunicación, pero no personalmente ni por vía telefónica (…). Ha salido efectivamente un sobreseimiento el 18 de junio, pero inmediatamente hemos impugnado el sobreseimiento en el caso del señor Tarifa", aclaró Quelca.

La autoridad resaltó que los servidores públicos dentro del Ministerio de Educación se enmarcan en su Reglamento Interno donde están establecidas las directrices (funciones, deberes y prohibiciones).

"Tenemos un régimen disciplinario al que se someten las conductas antiéticas, en el Ministerio de Educación no toleraremos ningún acto de corrupción, de irregularidades porque ese es el mandato que hemos recibido de nuestro presidente Luis Arce Catacora", concluyó la autoridad.

Abogados del Ministerio de Educación presentaron una denuncia contra Agustín Tarifa por uso indebido de bienes y servicios del Estado y la Fiscalía Departamental admitió el caso. Según las denuncias, Tarifa firmó una orden de trabajo para solicitar la elaboración de 10.000 trípticos y volantes; sin embargo, las pruebas señalan que lo que se imprimió fueron afiches.