La sesión inaugural de la Convención Constitucional de Chile fue suspendida temporalmente este domingo luego de que un grupo de constituyentes, activistas en las protestas sociales de 2019, interrumpieron la ceremonia acusando «represión» de la policía que se enfrentaba a un grupo minoritario de personas afuera del ex Congreso de Santiago. Queremos hacer una fiesta de la democracia y no un problema, vamos a suspender la sesión por breves minutos», afirmó la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares. Un grupo de los 155 constituyentes (que deben juramentar en la jornada histórica para este país), salieron a la calle a exigir que las fuerzas especiales se retiraran de esa zona del centro de la capital. «Advertida de la situación y preocupada, he decidido también invitarlos a que suspendamos esta sesión hasta las 12 horas del día de hoy, con el objeto de asegurarnos que el país esté tranquilo», dijo luego Valladares, quien preside la primera sesión de la Convención Constitucional. Antes de iniciarse la instalación de la primera sesión de la Convención Constitucional se registraron protestas en las inmediaciones del viejo Congreso de Santiago (sede de la ceremonia), donde un grupo minoritario de personas -entre un centenar- manifestaban y donde también había familiares y amigos de los constituyentes. La Policía reprimió esa manifestación con carros lanza agua y gases lacrimógenos. Cuando comenzaba la ceremonia, mientras se comenzaba a entonar el himno nacional empezó una suerte de demostración de fuerza entre chiflidos y gritos de algunos constituyentes que decían: «¡No más represión!». Fue así que se acercaron a la mesa desde donde Valladares los juramentaría y en un clima de mucha tensión la llevaron a suspender temporalmente la ceremonia. La mañana empezó con miles de personas en las calles que celebraban de manera pacífica en distintos puntos del centro de la capital este hito en un país que busca enterrar una Constitución hecha por una pequeña comisión durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1990-1973) y aprobada en 1980 en un dudoso proceso. La carta magna fue reformada en los últimos 30 años de democracia pero sigue siendo considerada como la base de las desigualdades sociales.