La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó cuatro informes de proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades entre los que encuentran Hugo Salvatierra Gutiérrez, exministro de Desarrollo Rural y Tierras, del primer gobierno del expresidente Evo Morales.

El caso data desde 2008 y se debe a que la exautoridad, padre de la exsenadora Adriana Salvatierra, era responsable de la adjudicación de 99 tractores, marca FIAT, que debieron ser destinados a organizaciones sociales que sufrieron los efectos de un desastre natural en 2006.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas informó que la proposición acusatoria fue presentada por la entonces ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente Susana Rivero. Se acusa a Salvatierra por el delito de incumplimiento de deberes y haber dejado un daño económico al Estado de Bs 581 mil.

La investigación se inició en 2008 tras una auditoría encargada por Rivero. La Fiscalía emitió un requerimiento acusatorito contra el exministro y el proceso para juicio de responsabilidades llegó al Legislativo, donde quedó pendiente su tratamiento. En 2020, el Gobierno de Jeanine Añez intentó reabrir el proceso.

"Son más de 90 tractores que no han llegado a Bolivia y se han quedado por no sé donde en Argentina peor la proposición acusatoria lo ha hecho la exministra Susana Rivero", afirmó Rojas.

Otra de las proposiciones acusatorias aprobadas por la comisión fue en contra del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández quien fue acusado de los delitos de resoluciones contrarias a las leyes y conducta antieconómica por la regularización de autos indocumentados en el departamento de Pando además del exprefecto de Potosí Sergio Medinaceli por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En contra de los exministros Silvio Javier Comboni Salinas, Javier Gonzalo Cuevas y Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, también fueron aprobados otros juicios. A las exautoridades se las acusa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y conducta antieconómica.

Los informes fueron remitidos al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que deberá analizar su aprobación.