Fausto Jarrín, asambleísta del movimiento de izquierda Unión por la Esperanza (UNES), decidió ponerle el cascabel al gato en el tema del polémico "préstamo" de material represivo de Ecuador a Bolivia, en noviembre de 2019, entre los gobiernos de Lenín Moreno y Jeanine Áñez. En entrevista exclusiva con La Razón, el parlamentario explica las bases de su demanda contra Moreno y otras exautoridades de su mandato, y la estrategia para impulsar este caso que no solamente apunta a la justicia ordinaria, sino a un proceso político contra el exmandatario.

—¿Cuáles son los fundamentos de su denuncia?

—El Ministerio de Gobierno de Bolivia, asambleístas sobre todo del MAS que vinieron denunciando pormenores sobre la represión al pueblo boliviano en 2019. Conocemos la captura del exministro Arturo Murillo y que ello tiene relación con hechos de corrupción sobre la adquisición de gases lacrimógenos en Bolivia. Y en los mismos días tomamos conocimiento sobre una carta de quien fungía como comandante de la Policía en Ecuador, general Patricio Carrillo, solicitando la devolución de materiales antidisturbios que hubieran sido prestados por el Gobierno de Ecuador. Empieza a convertirse esto en un asunto muy delicado, grave, y vergonzoso.

Considerar que mi país se ha visto involucrado en la consecución de un gobierno de facto que tanto daño le hizo al pueblo de Bolivia, por supuesto que llama la atención. Y en mi calidad de asambleísta, de toda la bancada de la Revolución Ciudadana, de UNES, esto nos lleva a tomar la decisión de actuar. Hemos presentado la denuncia y no es el único documento con que impulsaremos estos procesos, vamos a convocar a exfuncionarios de Moreno, y al propio Moreno.

—¿Qué se pidió a la Fiscalía?

—Que se tomen las versiones del expresidente y de miembros de la Policía, del equipo diplomático de Ecuador y que se instalen de manera inmediata los sistemas de asistencia penal internacional para contar con las investigaciones que se están llevando a cabo en Bolivia y en Estados Unidos. La denuncia tiene estos antecedentes, hemos solicitado que se proceda a materializar todo lo incorporado desde espacios de diferentes medios de comunicación y se solicite la información correspondiente a la Dirección General de Aviación Civil, a la Comandancia General de la Policía, al Ministerio de Gobierno.

—¿Se ha tenido alguna coordinación con parlamentarios de Bolivia para reunir datos?

—Los miembros de la bancada de UNES incorporarán en el orden del día la solicitud de comparecencia de funcionarios del gobierno de Moreno y, por supuesto, inmediatamente vamos a generar los nexos políticos nacionales e internacionales necesarios para tener la mayor cantidad de información, para coordinar de mejor manera con quienes están impulsando la denuncia en Bolivia y robustecer nuestra denuncia en Ecuador. Con parlamentarios de mi país ya me reuní y para mañana (por este miércoles) estoy convocando a una reunión vía Zoom con colegas bolivianos.

—Acá en Bolivia, el Gobierno ha hablado de un término: "cooperación regional de represión".

—No tengo la menor duda y estoy completamente de acuerdo con el ministro (Eduardo) del Castillo, porque en Ecuador la Ministra de Gobierno fue cesada de su cargo por, entre otras cosas, la utilización de bombas caducadas en octubre de 2019 y una de sus justificaciones fue que se habían quedado desabastecidos de estos implementos. Es irónico que un mes después estén enviando a Bolivia gran cantidad de ese armamento que supuestamente no tenían y que nuestro gobierno lo utilice para reprimir.

Días antes de que aterrice el avión boliviano Hércules C130 en Quito (16 de noviembre), la dictadora Jeanine Áñez emite el decreto que protegía a los miembros del Ejército en la represión. Así que aquí hay cosas muy claras y estamos muy preocupados. Creemos que hay un ataque a la democracia nacional, que el Gobierno de Brasil estuvo involucrado en el abastecimiento de material antidisturbios para Ecuador. Y no hemos dejado de ver con preocupación que la misma Organización de Estados Americanos (OEA) representada por Luis Almagro no ha dejado de inmiscuirse en la democracia y en los asuntos de soberanía de varios de los países de Latinoamérica

—En las cartas reveladas en Bolivia se habla de que Ecuador también debía granadas de gas a Colombia, por lo cual era urgente la devolución de Bolivia…

—Exactamente. También he planteado que se incluya el préstamo de material de Colombia. Eso ya consta en Ecuador en un documento de una comisión ciudadana, la Defensoría del Pueblo emitió el informe de la represión brutal de la que fuimos víctimas en octubre de 2019 —un mes antes de Bolivia—, en la que se usó material de Brasil y Colombia, y parte de esto seguramente es lo que fue trasladado a Bolivia para que las fuerzas del orden ataquen a la ciudadanía. Por eso he considerado que había que ir más allá, al lado jurídico, a la investigación penal, porque creo que Ecuador ha sido involucrado en un golpe de Estado, tomando partido por la ruptura de la democracia y de ninguna manera podemos considerar que quede en la impunidad.

—Entonces la denuncia no es solo contra Moreno y su ministra de Gobierno María Romo…

—Sí, ahora la Fiscalía es la que tiene que ir verificando quiénes conocieron o estaban a cargo de la bodega, quiénes estaban a cargo por parte de la Policía, quiénes permitieron el aterrizaje de un avión militar sin permisos, quiénes dieron las órdenes para que se permita que la Dirección General de Aviación Civil autorice ese aterrizaje. Las normas de seguridad exigen una reciprocidad extrema para que un avión internacional toque suelo de otro Estado y todas esas normas se habrían violado, más allá de la utilización de material antidisturbios distribuyéndose entre países como si fuera cualquier cosa para atacar a la población. Hay que buscar la verdad para que empecemos a mirar de otra manera a los ojos del pueblo ecuatoriano y latinoamericano, por haber sido víctimas de un gobierno injerencista que se dejó empujar en estas actividades.

—Fuera de la investigación fiscal, ¿la Asamblea Nacional pedirá informes sobre este tema?

—Definitivamente, somos la bancada más grande de la Asamblea, somos 48 miembros de 137. Hemos resuelto direccionar a través de las comisiones permanentes los requerimientos necesarios y vamos a pedir los comparecimientos de Moreno, Romo y todos los involucrados en estos procesos para ir apoyando las investigaciones. Estamos en franca posibilidad de llegar a un juicio político contra el expresidente y robustecer el expediente de la Fiscalía para que con toda la documentación se inicie también una acción política.

—¿Se tiene planeado pedir informes a personal de Bolivia?

—Lo que hemos solicitado inmediatamente es que la Fiscalía oficie a su par de Bolivia para instalar una asistencia penal internacional y que podamos tener una coordinación permanente entre las dos investigaciones, en ambos países.

—¿Se podrá tener el apoyo del gobierno de Lasso en este tema?

—Espero que sea así, sin embargo la Fiscalía es un órgano autónomo que hará las investigaciones que tenga que hacer. Nosotros nos encargaremos de impulsar si es que vemos que hay dilaciones o demoras, si es que se intenta tapar la verdad. De parte del gobierno del nuevo presidente Guillermo Lasso, considero que sería de un costo innecesario tratar de ocultar las actividades ilícitas de Moreno y sus ministros.