El asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó una denuncia ante la Fiscalía de su país en contra el expresidente Lenín Moreno por el "préstamo" de material antidisturbios a Bolivia durante el gobierno de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019.

"He presentado, junto a @BancadaUNES, la denuncia respectiva, para que se investigue al Gobierno de Moreno por la entrega de material militar al gobierno de facto de Áñez. Mi solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia. ¡Exigimos verdad y justicia! ¡Basta de justicia selectiva!", escribió en Twitter el legislador de Unión por la Esperanza, afín al expresidente de izquierda Rafael Correa.

Luego Correa confirmó por la misma plataforma que la denuncia es contra "Moreno y otros por presunto peculado en relación a entrega de armas a Bolivia".

Este martes, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, también por Twitter, escribió que "la investigación que lleva adelante Ecuador y que presentaremos en Bolivia debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia".

Además, la autoridad boliviana remarcó que "la responsabilidad de Áñez y Lenín Moreno no puede quedar impune".

El reciente fin de semana, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, señaló que el "préstamo" fue irregular y acusó a la Policía de Ecuador de haber apoyado la represión en noviembre de 2019 al mandato transitorio de Áñez.

Apuntó a los entonces ministros Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Roxana Lizárraga (Comunicación) de haber hecho las gestiones en medio de una "cooperación regional de represión" al estilo del Plan Cóndor de las dictaduras de los años 70 del siglo pasado.

Asimismo, indicó que el traslado se hizo con un "perfil bajo" sin que López haya respetado la ley de armas en cuanto al ingreso del material represivo sin escolta militar.

El lunes, el exministro Mauricio Ordóñez reveló que el 14 de noviembre de 2019, en reunión de gabinete, Lizárraga se contactó con el exministro Carlos Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia por la masacre de 2003, para resolver la falta de proyectiles y gases lacrimógenos para enfrentar las protestas de entonces.