El procurador general del Estado Wilfredo Chávez informó este domingo que una vez el exministro de Gobierno Arturo Murillo cumpla su condena que le imponga la justicia norteamericana por los delitos de lavado de dinero y soborno, recién el Estado boliviano podrá gestionar la extradición de la exautoridad, actualmente recluida en el Centro de Detención Federal-FDC (por su sigla en inglés) de Miami.

Murillo fue detenido el 22 de mayo la ciudad de Naples cerca de Miami y cinco días después el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa inició el trámite de extradición vía la justicia ordinaria para que a través de la Cancillería se haga llegar el exhorto suplicatorio a Estados Unidos y traer a Murillo a suelo boliviano.

Sin embargo, el 7 de junio de 2021, la Cancillería devolvió la solicitud suscrita por la jueza Claudia Castro porque no cumplía los requisitos y las formalidades previstas en el convenio bilateral de extradición, tampoco tenía la traducción ni la legalización de la documentación correspondiente.

Todas las intenciones de la Fiscalía y la justicia ordinaria se vinieron abajo luego de la visita de Wilfredo Chávez a Estados Unidos, donde constató que, por procedimiento, aún se debe conocer la sentencia condenatoria.

"Lo que sí tenemos que indicar es que una vez él sea condenado y cumpla su condena allí, recién vamos a poder activar el procedimiento de extradición que se está encausado dentro nuestro país", declaró la autoridad.

Chávez viajó a Miami-Estados Unidos acompañado de un par de canales de televisión para estar presentes en la audiencia de apertura de juicio del 7 de junio, pero que a último momento éste se postergó hasta el 9 de julio, debido a que el exministro estaría negociando la reducción de su sentencia a cambio de colaborar con las investigaciones.

Ese viaje permitió contratar un bufete de abogados norteamericanos para hacer seguimiento al proceso de negociación iniciado por Murillo, a fin de bajar los 20 años de prisión que se prevé como máxima pena por los delitos de lavado y soborno que habría incurrido a través de bancos norteamericanos, durante el proceso de compra de gases lacrimógenos en noviembre de 2019.

Sin embargo, el procurador estima que no será fácil que Murillo pueda salir en libertad por las duras condiciones que impone la justicia norteamericana, en cuanto se refiere a fianza y garantías que debe ofrecer el imputado, tal como ocurrió con Brayan y Luis Berkman, dueños de la empresa intermediaria BTS, quienes pagaron una fianza de 850.000 dólares.

Precisó que, a parte de la fianza, los Berkman debieron ofrecer dos casas de garantía, y someterse a un tobillero electrónico que permite conocer el radio por circulan esas personas y una vez que ingresan a este sistema ya es muy difícil salir del mismo. Además, deben presentarse cada semana ante la fiscalía, explicó Chávez.

"Este es un extremo que no quisiéramos, es una hipótesis sobre el señor Murillo. La estrategia nuestra es que no salga y vamos a pelear por eso ante los juzgados", explicó el procurador sin descartar que, en paralelo al proceso penal, se puede abrir un proceso civil, aspecto que será definido por los asesores jurídicos.

Estimó que estos días ingresaría el proceso civil contra Murillo para recuperar efectivamente el sobreprecio de 2.3 millones de dólares producto del negociado en tiempos de pandemia. Ya antes los bancos de Estados Unidos rechazaron un desembolso de Murillo con más sobreprecio, hasta que rebajaron el monto a 5.6 millones de dólares y recién pudieron concretar la transferencia, comentó al canal estatal.

Murillo fue detenido el 22 de mayo de 2021 por agentes especiales de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Luego de 48 horas fue citado por el juez Jonathan Goodman a una audiencia el 7 de junio a fin de considerar "la acusación preliminar" y en ese instante la abogada de Murillo, Julia Kefalinos, pidió postergar la audiencia para negociar una posible rebaja de los años de condena.