Carlos Mesa, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), ratificó que bancada no apoyará ningún juicio de responsabilidades que esté basado en a idea de que en Bolivia hubo un golpe de Estado el 2019; sin embargo, señaló que sí apoyará enjuiciar a la expresidenta Jeanine Añez por temas de corrupción y violación de derechos humanos, siempre que éstos estén "bien fundamentados".

"(Si se abre un juicio de responsabilidades) por violación a los Derechos Humanos (DDHH) o por corrupción y que esté fundamentado y adecuadamente documentado, nosotros lo vamos a viabilizar porque no tiene nada que ver con la falsa teoría del golpe de Estado", aseveró en entrevista con Los Tiempos.

Eso sí, señaló que los juicios por corrupción y violación de derechos humanos deberían extenderse a la gestión de Evo Morales, de quien dijo que tiene la intención de postularse a la presidencia el 2025.

"Es obvio que el señor Morales quiere ser candidato a la presidencia en 2025 y quiere llegar a ese momento sin el estigma del delito que cometió. Es decir, de cometer un gigantesco fraude no solamente afectando a Comunidad Ciudadana, que era su principal contendiente electoral, sino al país entero. No hay otra razón, está tratando de minimizar el fraude, de tapar el fraude con la invención vergonzosa de un supuesto "golpe de Estado"", afirmó.

El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los requerimientos acusatorios contra la expresidenta Jeanine Añez y sus excolaboradores para que esa instancia apruebe los juicios de responsabilidades por tres casos diferentes.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Justicia a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. En la publicación se especifica que los requerimientos acusatorios son por los casos de Préstamo inconstitucional del FMI, Violación de la libertad de expresión en la cuarentena y por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa.

Los requerimientos acusatorios contra Añez y varias exautoridades de su Gobierno fueron presentados por el ministro de Justicia Iván Lima y aceptados por la Fiscalía.