El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los requerimientos acusatorios contra la expresidenta Jeanine Añez y excolaboradores para que esa instancia apruebe los juicios de responsabilidades por tres casos diferentes.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Justicia a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. En la publicación se especifica que los requerimientos acusatorios son por los casos de Préstamo inconstitucional del FMI, Violación de la libertad de expresión en la cuarentena y por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa.

Los requerimientos acusatorios contra Añez y varias exautoridades de su Gobierno fueron presentados por el ministro de Justicia Iván Lima y aceptados por la Fiscalía.

Los casos

El primer caso se refiere al "Préstamo inconstitucional del FMI" y la proposición fue presentada en contra de Jeanine Áñez, del exministro de Economía, José Luis Parada Rivera, y del expresidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz.

Las acusaciones son por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Áñez, Parada y Aponte fueron acusados debido a que, presuntamente de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 del 26 de junio de 2020, dispusieron la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó, desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido ascendió a $us 24,3 millones, indica un reporte del Ministerio de Justicia.

Respecto al caso "Violación de la libertad de expresión en la cuarentena", la acusación es contra Jeanine Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, y atentados contra la libertad de trabajo.

Esta acusación es por la vulneración al derecho de libertad de expresión cuando Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4200. Con esa norma, según la denuncia, utilizó la pandemia por coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas.

Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de "los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población" para someterlos a "cargos penales por delitos contra la salud pública".

Finalmente, la tercera acusación es por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa para registro mercantil por 15 años.