En sus declaraciones ante el Ministerio Público, la expresidenta Jeanine Añez afirmó que fue Carlos Mesa – líder de Comunidad Ciudadana (CC)- quien se opuso a que fuera Adriana Salvatierra quien asuma la presidencia del Estado, en noviembre del 2019.

Anticipándose a la renuncia de Evo Morales a la presidencia – en medio de denuncias de fraude y tras perder el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas- y de Álvaro García Linera a la vicepresidencia, Salvatierra señaló que le correspondería a ella asumir la presidencia del Estado. Empero, según Añez, la idea fue rechazada por Mesa, quien se opuso a que cualquier legislador del Movimiento al Socialismo (MAS) asuma el cargo advirtiendo que de tomar esa decisión no pondría fin a las protestas de parte de la ciudadanía.

"En esa reunión Adriana Salvatierra plantea y anticipa ante una posible renuncia de Evo Morales, que ella accedería a la Presidencia en sucesión constitucional y llamaría a elecciones con un nuevo Tribunal Constitucional (sic). Y le consulta si eso sería aceptado por el señor Carlos Mesa. El señor (Tuto) Quiroga llama a Carlos Mesa por teléfono para consultarle y éste le responde que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión (porque) las protestas continuarían", reveló Añez en su declaración, según informó Página Siete.

Finalmente Morales y García Linera renunciaron el 10 de noviembre. Después hubo reuniones entre representantes del MAS y la oposición, además de la Iglesia y la Unión Europea.

En ellas, según revelaron representantes del MAS, entre ellas Teresa Morales y la propia Salvatierra, la oposición definió que sea Añez quien asuma la presidencia del Estado, señalando que si el oficialismo no estaba de acuerdo ejecutarían su "Plan B".

Precisamente la bancada del MAS no participó de la sesión en la que Añez se proclamó, primero, presidenta del Senado y luego del Estado, lo que fue denunciado como un "golpe de Estado" por parte del Movimiento al Socialismo.

Precisamente Añez está detenida preventivamente acusada por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo por el presunto golpe del 2019.