El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un informe al que accedió este medio, reveló que el exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, tenía una empresa en el estado de Florida, (EEUU). Otro informe anterior, que identifica a la exautoridad como (co-conspirador 1) dice que estaba asociado con Luis Berkman, uno de los dueños de Tactical Solutions, la empresa que fue intermediaria en la venta de gases lacrimógenos.
El Departamento de Justicia de EEUU es un ente ejecutivo federal del Gobierno de Estados Unidos responsable de la aplicación de las leyes y la administración de justicia en ese país, equivalente a los ministerios del Interior o de Justicia de otros países.
El informe señala que Murillo es "propietario de una empresa con sede en Florida".
Por eso la justicia de ese país lo procesa por los delitos de lavado de dinero y soborno. Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic (57), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51, su jefe de gabinete), Luis Berkman (58, Tactical Solutions), Bryan Berkman (36, hijo de Luis, Tactical Solutions) y Philip Lichtenfeld (48, el intermediario) participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020.
Una investigación conocida anteriormente, y realizada por el agente Jonathan Eades, de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Luis Berkman, el acusado ciudadano de EEUU y su padre Bryan Berkman, que residía en Dunwoody, Georgia, lo identifica como colaborador cercano de Sergio Rodrigo Méndez, el exjefe de gabinete de Murillo y "un asociado del co-conspirador 1", es decir, del exministro Murillo.
Según el Departamento de Justicia, durante ese tiempo, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, Méndez y otro boliviano funcionario del gobierno.
Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios para proporcionar al Ministerio de Defensa gas lacrimógeno y otros equipos no letales por un monto de $us 5,6 millones. El costo real del equipamiento era de $us 3,3 millones.
Para promover el esquema de sobornos, los Berkman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de $us 582.000 en efectivo para Murillo y Méndez.
Un secretario de Justicia Auxiliar Interino; El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida y el agente Anthony Salisbury de la HSI), hicieron el anuncio.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar casos foráneos. La audiencia contra Murillo y los demás acusados se realizará el próximo 9 de julio en una corte de Miami.