Por: Adalid Contreras Baspiñeiro

Este domingo 18 de octubre volvemos a las urnas. El marco de este evento tiene carácter de obligatoriedad por los designios de la Constitución. Sin embargo, este procedimiento no le quita a nuestro voto su carácter de ejercicio de un derecho democrático en democracia y para la democracia, con un sentido de universalidad, de libertad y de privacidad, que contienen un sentido de confianza con esperanza, para contribuir al país que queremos.

Será una jornada intensa, a la que llegamos sin un pronóstico claro al mismo tiempo que sin sorpresas, porque si las encuestas conocidas son ciertas, las opciones posibles son o un triunfo del MAS en primera vuelta, o que Comunidad Ciudadana empuja la decisión a segunda vuelta, con la confianza de su triunfo en esa instancia. ¿Si podrían existir sorpresas y definirse otro escenario? No parece muy probable, pero en política no se sabe. Hay cerca de un 30% de electores que se han guardado su derecho a evidenciar su intención de voto.

¿En qué condiciones llegamos a las urnas?

No es un arribo sencillo, si tomamos en cuenta los elementos que siguen remando a contracorriente de este evento. En primer lugar, que este acontecimiento ocurre un año después de la experiencia frustrada de las elecciones del 20 de octubre de 2019, interrumpidas por irregularidades en el control de los votos y que derivó en un proceso tenso de polarización con violencia. En el imaginario ciudadano esta es una experiencia no superada, lo que contribuye a que el manto de miedo generado con mensajes subliminales sobre un posible fraude, o el desconocimiento de los resultados, o el avivamiento de regionalismos, o acuerdos inimaginables por debajo la mesa entre corrientes dispares, o el anuncio gubernamental no preventivo sobre la existencia de grupos violentos que serán reprimidos, calan hondo en el recuerdo de aquel noviembre de los dos días y sus largas noches para una ciudadanía y un Estado desprotegidos.

Otro elemento que se constituye en obstáculos que pudieron ser sorteados, está dado por los ritmos de un proceso electoral que se desarrolla al influjo del escalamiento o desescalamiento de la pandemia por Covid-19. Los resultados de este proceso son dos suspensiones de la fecha de elecciones, la segunda vez con bloqueo de carreteras en momentos de un pico alto de la pandemia, y que polarizó más a los actores políticos en contienda electoral. Los cambios de cronogramas electorales, además de templar los ánimos ciudadanos, pusieron a prueba las capacidades de un Órgano Electoral que supo encabezar acuerdos y alternativas de solución.

El otro elemento que rema en contra, son los desatinos de un gobierno transitorio que no supo ponerse a la altura del desafío de la pacificación ni de la estabilidad. La campaña de la candidata-presidenta que optó por una estrategia negativa, de confrontación con los rivales políticos, y la ausencia de transparencia en la gestión, abonaron a la incertidumbre.

Además de estos factores, hay un recorrido escabroso de obstáculos puestos por las características de una contienda electoral polarizada entre organizaciones que decidieron enfrascarse en las antípodas del clivaje masismo – antimasismo, con sus rebalses de camachismo, jeaninismo y tutismo – antimesismo. El proceso vivido, a pesar de hechos importantes como la realización de dos debates presidenciales, destaca más por la confrontación que por la exposición de propuestas o de búsqueda de acuerdos.

Haber llegado a este día, contra viento y marea, sorteando cuanto obstáculo se le puso en su camino, tiene su explicación en los invaluables roles de algunos actores. El actor principal, sin duda, se encuentra en el entercamiento de la ciudadanía, que sabe que su destino, y el de nuestro país, pasa indefectiblemente por enderezar el camino de la democracia en democracia, para lo cual ha estado empujando a las organizaciones políticas a resolver con prioridad el clivaje crisis multidimensional – estabilidad, con lo que cambian los sentidos y los modos de hacer política. En este proceso, como en ningún otro, han surgido experiencias ciudadanas que trabajan por el voto informado y por el control electoral, desarrollando creativos e innovadores sistemas virtuales de fácil manejo.

Un actor clave para la llegada a la jornada electoral, es el Tribunal Supremo Electoral, que se dio modos para cumplir sus responsabilidades técnicas con alta eficiencia en un tiempo acotado y con cambios obligados de cronograma. Asumió su responsabilidad con equilibrio, dialogando con las distintas organizaciones políticas, y recuperándose autonomía como uno de los poderes del Estado. En un ambiente complejo, logró que la convocatoria a elecciones sea refrendada por el poder legislativo y promulgada por el ejecutivo cuando ambos empezaron a funcionar como poderes duales. Un acierto es que guía sus pasos en el marco innegociable de la legislación existente. Y, acaso lo más importante, logró recuperar la confianza ciudadana en un órgano cuestionado y, con ello, en un proceso electoral en cuyas vísperas de realización sabemos que ofrece un sistema seguro para unas elecciones limpias.

Si bien la polarización política es un obstáculo, haciendo contrapeso se tiene que reconocer el esfuerzo de las principales organizaciones en carrera electoral, por adecuar sus programas a las condiciones de crisis multidimensional que vive el país, ofreciendo alternativas que pueden conducir a una transición gubernamental capaz de definir las características de un nuevo ciclo político que supere la contradicción actualmente existente entre la regresión al ciclo neoliberal o la renovación encaminada a una Bolivia con autodeterminación. Nadie puede afirmar que no existen programas, el problema es que no se los han debatido, todavía, de manera suficiente.

No se puede dejar de mencionar el rol solidario de los organismos internacionales, durante todo el proceso, desde la búsqueda de fórmulas concertadas de pacificación, pasando por el acompañamiento de la superación de los obstáculos puestos en el camino, hasta el respaldo a las iniciativas de voto informado y control social. La facilitación de la presencia de veedores internacionales, es también un hecho que aporta a los niveles de confianza en un proceso que necesita legitimarse en los marcos del derecho, de la paz social, de la democracia incluyente y de las ilusiones ciudadanas.

Mención especial para las iniciativas de acuerdos interinstitucionales en actividades tales como la realización de encuestas que se valoran por su confiabilidad, la reconversión de las agendas mediáticas en espacios de exposición y debate de propuestas programáticas y, especialmente, en la convocatoria a debate presidencial por un consorcio amplio de entidades ciudadanas, empresariales, medios de comunicación, organismos internacionales, organizaciones sociales y universidades, reponiendo el derecho ciudadano de conocer y comparar a los candidatos y sus propuestas.

Con este tipo de iniciativas, la ciudadanía se incluye en el centro de las deliberaciones y decisiones políticas, regalándole al país experiencias paradigmáticas de una democracia participativa que se construye en función del bien común.

Voto es promesa cumplida

Cuando acudimos a su etimología, encontramos que voto viene del latín votum que significa promesa; y hace referencia más específica al verbo vovere, que alude a promesa solemne. Literalmente, voto viene a ser cumplir lo prometido. Como se puede apreciar, es un concepto que en sus orígenes se explica en la arista del votante, con un sentido de responsabilidad que implica compromiso con la opción por la que se decide. Por esta concepción, además de obligación, voto implica devoción, o sea entusiasmo y compromiso con lo que se hace y se aspira a construir.

Con el paso de la historia, el concepto gana consistencia en su encuentro corresponsable con quien es el depositario de la promesa, sentido que se va trastocando por el de confianza, lo que supone un contenido ya no solo de entrega, sino también de derecho a ser correspondido. Y hoy por hoy, el ejercicio del voto viene a ser un ejercicio democrático de entrega de confianza para su representatividad con corresponsabilidad por parte del depositario de la promesa solemne, de modo que la devoción compartida es por una utopía también compartida.

En el ámbito electoral, el ejercicio del voto se combina con sufragio, término proveniente del latín suffragium y su derivación suffragari, que equivale a apoyar, dándose que voto electoral es una forma de expresión de la voluntad individual, que coincide con las voluntades de otras personas, encaminando una decisión colectiva. De manera general, votar implica elegir entre distintas opciones, de modo tal que voto electoral supone siempre la capacidad de optar, de expresar, de suscribir adhesión y de adjudicar un encargo individual-colectivo a una candidatura, apoyando individualmente para ser correspondido socialmente en proyectos compartidos.

En su sentido operativo, voto viene a ser un método formalizado de toma de decisiones con apoyo preferencial selectivo por una opción a la que favorece y se favorece de su representatividad. Este apoyo es libre, universal (no excluyente) y tiene un valor de igualdad con los otros votos (cada persona igual a un voto)

En este ámbito, se debate sobre si voto es un derecho o es una obligación, lo que lleva a interrogarse sobre si votar es una forma de participación por obligatoriedad o por principios. El debate podría aparentar ser inútil, pero tiene su razón de ser, en la medida que podría contribuir a esclarecer si mañana acudimos a las urnas obligados por un requisito legal, o vamos por la convicción de apoyar una opción que conducirá la reconducción del país sacándola de su aguda situación de crisis, o vamos a votar para impedir el triunfo de otros. En la práctica, pareciera que todo esto se junta y se revuelve para derivar en una sola explicación: votar es nuestro derecho individual para contribuir de este modo solidario a un bien colectivo.

El derecho al voto está consagrado por el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza: "La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto". Este derecho está refrendado por otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos de las Personas, y otros que hacen del derecho al voto un derecho subjetivo que se apropia de la formulación jurídica para ejercerlo.

Solo con fines de precisión de términos anotemos que sufragio es el derecho a la expresión de la voluntad política como decisión; voto es la expresión de esa voluntad política; y elección es la decisión manifestada con el ejercicio del voto. Y votar es nuestro derecho es la articulación de estas tres dimensiones, que permiten que la participación ciudadana influya en las definiciones de la res o cosa pública. En otras palabras, este derecho vincula la voluntad ciudadana con la responsabilidad estatal, otorgándole al ciudadano el derecho posterior a controlar, vigilar, exigir y sugerir políticas, normativas y conducciones estatales.

Votar es hacer democracia

Esta comprensión del voto, como derecho, encaja bien con la noción que tiene Norberto Bobbio sobre la democracia, entendiéndola como un conjunto de reglas del juego que permiten tomar decisiones colectivas bajo supuestos de igualdad. Por tanto, nuestro derecho a votar es una forma de contribuir a construir democracia, comprometiendo nuestra promesa con su cumplimiento por parte de quienes reciben la gratificación de nuestro apoyo individual-colectivo o del poder del voto.

Por esto se dice que el voto es sagrado, y como tal debe ser cumplido, con respeto del principio de la mayoría. Una mayoría que puede ser absoluta o relativa, para que el depositario asuma el principio de representación o el deber de la conducción del país, en lo posible sin la exclusión de los opuestos. En un proceso electoral, es vital el reconocimiento de los resultados de un proceso que indefectiblemente tiene ganadores designados por la voluntad mayoritaria del voto. Este es un principio de autodeterminación que cuando es irrespetado o violentado, no tiene otro significado que el de un atentado a la democracia o a la voluntad ciudadana, o en términos de Alain Touraine, a la reunión de fuerzas de liberación social y sus mecanismos de integración institucional y jurídica.

La democracia es un proceso de construcción permanente, o de permanente democratización, es decir de práctica, pensamiento y acción de consolidación democrática, con sistemas enmarcados en la ley, con gestiones incluyentes de las diversidades, con transparencia y esquemas abiertos de escucha y representación, con debate que asume las pluralidades, con respeto de los derechos individuales y colectivos, y con institucionalización de los poderes. Nuestro derecho a votar nos otorga el derecho a exigir calidad democrática, al mismo tiempo que compromete nuestro deber para contribuir a que esto funcione.

El ejercicio del voto no concluye un proceso democrático, sino que más bien lo inicia en la urna con el sufragio y la elección universal, libre e individual, con lo que se convierte en el pasaporte para transportar la sociedad por los senderos de un sistema democrático que debe construirse cotidianamente, en democracia, con las reglas del juego de la democracia y para más y mejor democracia.

Digamos finalmente que el voto no es concesión de ninguna institución ni de ningún gobierno. Es una conquista ciudadana producto de luchas por las libertades y por la vida en democracia. Son luchas que no se detienen, que continúan abriendo caminos y consolidando procesos. En consecuencia, nuestro derecho a votar es nuestro derecho a reivindicar compromisos con el bien común, a comprometer lealtad con las luchas que abrieron los caminos de las libertades, y nuestro derecho a garantizar una sociedad vivible para las nuevas generaciones.

Vamos a votar con esperanza

Domingo 18 de octubre de 2020. Las bolivianas y bolivianos volvemos a las urnas, porque decidimos escribir así otra página histórica de nuestra construcción democrática. Va a ser un día de unidad en nuestra diversidad política.

La Ley de Organizaciones Políticas del 1 de septiembre de 2018, señala nuestra democracia como representativa, directa – participativa y comunitaria. Pocos países han logrado una base jurídica de esta naturaleza que se adelanta a la historia. A 38 años de recuperación de la vida nacional en democracia, la vamos a preservar y profundizar y eternizar ejerciendo nuestro voto como un derecho a la vida digna.

Adalid Contreras fue ex Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones – CAN