La Justicia de Estados Unidos ratificó este lunes que Luis Berkman, involucrado en el proceso que investiga el supuesto lavado de dinero y sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia durante el gobierno de Jeanine Áñez, se defienda en libertad previo pago de una fianza y otras medidas.

"Ha sido una audiencia bastante breve, en la cual el juez federal de hecho ha homologado las medidas que se habían impuesto al señor Luis Berkman (cuando) fue detenido; ha homologado que (pague) una fianza de medio millón de dólares, dos bienes inmuebles; asimismo debe presentarse semanalmente ante la autoridad y además usar una tobillera para un radio de circulación", dijo el procurador de Bolivia, Wilfredo Chávez, quien participó de la audiencia realizada en Miami.

El Procurador agregó que una vez que se cumplan con estas medidas judiciales "seguramente (Berkman) va a recuperar su libertad bajo fianza en tanto dure el proceso".

"Mientras tanto, él estaba en prisión federal y hoy lo hemos visto en el cubículo respectivo de presos dando su palabra y comprometiéndose a cumplir con las medidas que el juez le ha impuesto", indicó Chávez en entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Del mismo modo –según la autoridad– se ha fijado para el próximo 9 de julio una próxima audiencia de Berkman de manera coincidente con la audiencia del exministro de Gobierno Arturo Murillo.

"Entendemos que puede ser una estrategia legal que se da por parte de la Fiscalía o tal vez de los abogados que van a esperar hasta esa fecha para dar a conocer los posibles acuerdos que puedan hacer con la Justicia y la Fiscalía a objeto de que se tengan resultados ya de avance, pero el juez ha sido bastante claro y ha señalado la audiencia y vamos a estar muy atentos", señaló.

Luis Berkman es padre de Bryan, dueño de la firma Bravo Tactical Solutions (BTS), que fue la empresa intermediaria en la cuestionada compra de gases lacrimógenos. Según investigación realizada en Estados Unidos, la compra de ese material demandó a Bolivia $us 5,6 millones y tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.

El principal acusado en ese proceso es el exministro Murillo, quien también se encuentra detenido en aquel país y cuya audiencia, que estaba programada para este 7 de junio, fue postergada para el 9 de julio.

Es así que "estábamos también pendiente de (esa audiencia) que se suspendió, pero estamos con toda la virtud de continuar con la investigación y que se sepa judicialmente y se aclare la participación de estas personas en este proceso tan bullado en nuestro país", afirmó el Procurador en otra declaración que realizó antes de ingresar a la audiencia de Berkman.

Remarcó que aunque no quisiera especular sobre cualquier posible resultado de las investigaciones en Estados Unidos, "pero sin duda que (este proceso) ayudaría mucho a dar pautas directas" a favor de la Justicia boliviana, que también indaga la compra de gases durante el anterior gobierno.

Asimismo, este proceso "nos facilitaría muchísimo en el juicio civil que vamos a instaurar aquí (en Miami) para recuperar los activos, el dinero de los bolivianos y establecer el daño que se (habría) ocasionado al país", sostuvo.

El Estado boliviano contrató el bufete de abogados Greenberg Traurig en Estados Unidos y, según el Procurador, hará seguimiento a tres procesos.

Es decir, "estos dos procesos penales, uno contra Murillo y el otro contra los Berkman, y el tercer proceso de juicio civil que vamos a iniciar", confirmó.