La justicia boliviana dio el primer paso del proceso de extradición desde Estados Unidos del exministro de Gobierno Arturo Murillo, al enviar el requerimiento correspondiente a la Cancillería, dijo el presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Jorge Quino.

«La Fiscalía ha hecho una solicitud al juzgado de la doctora Claudia Castro y también tengo conocimiento de que la citada autoridad ha remitido el exhorto suplicatorio a la Cancillería en fecha 2 de junio (martes)», declaró Quino a reporteros.

Añadió que el inicio del trámite internacional «no impedirá que continúen las investigaciones» en Bolivia sobre el caso de corrupción en una compra de materiales antidisturbios para la policía, en el cual el principal acusado es el ex hombre fuerte del pasado gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020).

Murillo está procesado en Bolivia por violar leyes en un proceso supuestamente irregular de compra de materiales no letales para la fuerza del orden, con el agravante de haber pagado un sobreprecio recibiendo a cambio un soborno de los proveedores extranjeros.

La justicia de Estados Unidos, a su vez, tiene arrestado a Murillo desde mayo y lo procesa por una denuncia de que el sobreprecio —casi 2,4 millones de los 5,6 millones de dólares pagados por los materiales— fue objeto de una operación de lavado de dinero a través de bancos de ese país.

La Cancillería no confirmó la recepción del requerimiento judicial, pero dijo previamente que lo enviaría a Washington con la mayor celeridad posible.

En el proceso judicial en La Paz, una hermana y al menos dos colaboradores de Murillo están detenidos preventivamente desde la semana pasada y la fiscalía anunció que la expresidenta Jeanine Áñez y todo su gabinete ministerial de fines de 2019 e inicios de 2020 serán convocados a declarar.

Sobre la plana mayor del pasado gobierno transitorio recaería la responsabilidad de haber firmado tres decretos autorizando a Murillo la compra de materiales antidistubrios mediante un procedimiento expreso.
Bolivia y Estados Unidos tienen vigente un tratado de extradición desde 1995.