El exprocurador José María Cabrera fue una de las exautoridades de la gestión de Jeanine Añez que sintió en persona el poder de Arturo Murillo, cuando éste era ministro de Gobierno. La exautoridad relata que el extitular de Gobierno impulsó su destitución porque la Procuraduría investigaba la compra irregular de gas lacrimógeno y el proceso de "privatización" de Elfec en Cochabamba.
Cabrera, en entrevista con Página Siete, cuenta que apenas fue destituido del cargo, su sucesor, "sin ningún rubor", el mismo día de su posesión anunció la suspensión de las investigaciones que involucraban a funcionarios del Ministerio de Gobierno.
Usted fue posesionado el 3 de diciembre de 2019 por Jeanine Añez y nueve meses después destituido por un decreto. ¿Por qué lo alejaron del cargo?
Como lo denuncié públicamente, en septiembre del año pasado, se debió a la petición, a la reclamación que le hizo el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo a la presidenta Jeanine en ocasión de las investigaciones del caso "gases lacrimógenos", por el cual ahora fue aprehendido en Estados Unidos, y también por la privatización express de Elfec (Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba) en Cochabamba que se pretendía llevar a cabo. Estos dos casos que involucraban directamente al ministro Murillo fueron los que ocasionaron la furia de este ministro, quien nerviosamente le reclamó a la Presidenta mi destitución.
Fui anoticiado de esa circunstancia, ni bien concluyó mi exposición de informe ante la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el caso "gases lacrimógenos", inmediatamente lo puse en conocimiento de la opinión pública y en las siguientes horas se concretó dicha situación.
¿Qué rol tuvo el exministro Murillo en su destitución?
Él lo reconoció públicamente ante la denuncia pública que yo hice de que él estaba pidiendo y logró la destitución mía, él mismo dijo con las frases "yo puse mi granito de arena", haciéndose mofa de la situación y la paradoja fue que un alto dignatario de Estado, como es el Procurador General del Estado, haya sido destituido por el hecho de cumplir con su función constitucional de defender jurídicamente los intereses del Estado.
Eso ponía en entredicho la actuación en general de la justicia frente a otra autoridad (que era el) ministro de Gobierno, haciendo uso abusivo de su poder, impedía que se realicen este tipo de investigaciones.
Ahora, finalmente el tiempo ha dado la razón, lastimosamente el aparato de justicia de Bolivia, luego de ocho meses de estos sucesos, ha quedado rezagado y ha tenido que ser la justicia de un país extranjero, como Estados Unidos, que haya prácticamente esclarecido esta situación, dándonos incluso las cifras del monto económico por este negocio de los gases lacrimógenos.
Desde su cargo como procurador, ¿cómo veía el rol de Murillo en el gobierno de Jeanine Añez?, ¿Qué nivel de influencia tenía?
El Procurador General del Estado no forma parte del Órgano Ejecutivo, no es un ministerio más del gobierno. Tiene por ley y diseño constitucional un mandato independiente, de manera que si bien yo tenía contacto con diferentes autoridades de Estado, de los cuatro órganos, los tratos que tenía eran esporádicos para los asuntos que tuve que ver.
Mucho tuve que reclamar al Ministerio de Gobierno con relación a la materia de derechos humanos, puesto que la Procuraduría General del Estado defiende la cartera de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí había muchos inconvenientes de descoordinación, sobre todo de declaraciones muy desafortunadas del ministro Murillo, que iban en contrasentido a la política de promoción y respeto a los derechos humanos.
¿Cuáles fueron los puntos principales en su informe a la ALP, cuando ésta lo citó para informar del caso de gases lacrimógenos?
No podía menos que acudir, cumplir con una obligación constitucional que es presentarme ante la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aspecto que posteriormente quiso politizar el ministro Murillo. Como argumento de defensa por las investigaciones que le hizo la Procuraduría, pretendió endilgarme una conspiración de mi persona con la entonces senadora Eva Copa, pero en realidad lo que hizo mi persona cumpliendo con obligaciones institucionales fue acudir al llamado de la Asamblea Legislativa y exponer lo que habíamos hecho dentro de la investigación de la Procuraduría en el tema de gases lacrimógenos.
¿En su gestión como procurador, hasta dónde llegó la investigación en el caso de la compra de gases lacrimógenos?
Abrimos una investigación en la que se cursó requerimientos procuraduriales de documentación e información tanto al Ministerio de Defensa, que cumple y contesta y envía toda una carpeta con todos los detalles del proceso de contratación. Producto de ello, la Procuraduría permite un requerimiento complementario y específico al Ministerio de Defensa, pero a diferencia de ello, se informó de que el Ministerio de Gobierno no contestó en absoluto -ni siquiera pidiendo ampliación de plazo- al requerimiento de la Procuraduría y ante un segundo requerimiento, tampoco presentó.
Hasta el día que yo ejercí como Procurador, el 17 de septiembre de 2020, el Ministerio de Gobierno no presentó una sola hoja de papel como descargo. Ese solo hecho ya constituye un delito, el delito de incumplimiento de deberes. No contestar, no cooperar con la Procuraduría General del Estado está sancionado como delito en la legislación boliviana y constituye una obstaculización de la justicia, una ocultación de la información, elementos escandalosos que no obstante le granjearon impunidad en este caso, porque transcurrieron ocho meses sin que el sistema de justicia de Bolivia, más allá de mi paso transitorio por este puesto del Estado, finalmente pueda esclarecer este caso, y ha tenido que ser la justicia de un país extranjero, a través del FBI, que recién ahora nos dé los hallazgos de que al menos 602 mil dólares retornaron de Estados Unidos para beneficiar a particulares y los funcionarios de ese entonces.
¿En su gestión, la Procuraduría estableció el daño económico al Estado? ¿De cuánto fue?
Este es el hallazgo y la primicia del FBI. Se interrumpió la investigación que hizo la Procuraduría, que estaba en una fase entre inicial e intermedia. Estábamos en la fase de recopilación y recaudación de toda la información documental en gabinete y de manera que todavía no habíamos llegado a esos niveles, ni de individualización de responsabilidades, porque los delitos son personalísimos, ni tampoco en la cuantificación de los daños.
Ese fue el propósito de la destitución. La nueva autoridad que nombran como Procurador General del Estado, acólito al ministro Murillo, sin ningún rubor, el día de su posesión, anuncia de que se suspendía la investigación de la Procuraduría por los gases lacrimógenos. A ese nivel de desfachatez se llegó cuando se interrumpió la investigación de la Procuraduría. No pudimos llegar hasta ese nivel de detalle porque se provocó un aborto en el tema de las investigaciones.
Después de la detención de Murillo, ¿qué otras exautoridades cree que deben ser investigadas?
En una investigación, la regla general es que no hay ninguna exclusión. Entonces, la investigación por sí misma va arrojando nuevos elementos y nuevas necesidades. Lo que no debe hacer la justicia boliviana es quedarse de brazos cruzados, porque la opinión pública desde septiembre del año pasado, desde mi destitución, no tuvo ninguna información de ningún avance y ninguna novedad en este caso, y ha sido recién con el hallazgo del FBI que hemos conocido todos estos detalles.
Entonces, lo que tiene que hacer la justicia boliviana es continuar una investigación, y segundo, de manera muy importante, de manera independiente y sin politizar estas investigaciones, porque los casos de corrupción no tienen color político.
La corrupción venga de donde venga causa daño al sistema democrático y al bienestar del pueblo boliviano.
¿La investigación realizada en Estados Unidos aporta al caso de Murillo en Bolivia?
Por supuesto que sí, arroja enormes luces, le ha abierto todo un panorama. Hasta donde conocemos, septiembre de 2020, no se tenía la información de los movimientos financieros, también en Bolivia el lavado de dinero es un delito. Los mismos delitos por los que está imputando Estados Unidos (a Arturo Murillo) también son imputables de acuerdo a la legislación boliviana.
Entonces, es un aporte significativo muy importante, donde prácticamente ha esclarecido el caso de estas investigaciones que se han dado a conocer.
¿Hubo avance en las pesquisas de la Fiscalía sobre este cargo?
Hemos conocido una declaración del fiscal general del Estado, el doctor Lanchipa, donde da cuenta de que habría una imputación en enero de este año, pero estos elementos no eran informados a la población, que no tuvo conocimiento y no hay ningún nuevo elemento distinto a los que se tenían en septiembre de 2020, cuando me destituyen.
O sea, la única novedad en el tema investigativo y de hallazgos son los proporcionados por el FBI y no así por la justicia boliviana.
¿Arturo Murillo deberá ser extraditado a Bolivia, o pagar su condena en Estados Unidos?
Existen dos jurisdicciones nacionales tanto la de Estados Unidos como la de Bolivia, que tienen plena competencia para la investigación y juzgamiento de este caso, que involucra a ambos países, porque se ha cometido una triangulación financiera entre ambos Estados, además que Bolivia y Estados Unidos son signatarios de varios acuerdos internacionales de cooperación de la justicia y también están los canales diplomáticos expeditos, de manera que ya sea en Bolivia, ya sea en Estados Unidos, este caso tiene que esclarecer, tiene que dar con la verdad absoluta por los detalles y todos los responsables involucrados.
El pueblo boliviano necesita conocer absolutamente toda la verdad de las responsabilidades de un ministro de Gobierno que ejerció grandes responsabilidades en el pasado y se tiene que dar cuenta de que todos quienes hemos ejercido en alguna oportunidad responsabilidades de Estado tenemos que dar cuenta de nuestros actos ante la ciudadanía.
El caso Murillo, ¿cuánto daña al gobierno de transición?
Me abstengo de hacer apreciaciones en ese sentido porque son de índole estrictamente político. Los diputados y senadores actuales de oficialismo y de oposición podrán debatir estos aspectos.
Yo como Procurador General del Estado que ejercí el año pasado me remito al desempeño apegado a la Constitución y la ley que ejercí.
Tuve el honor de ser destituido por cumplir a cabalidad con la función de defender los intereses del Estado y de todos los bolivianos, sin miramientos de color político de los actos de corrupción que se están investigando, sean del color blanco o negro, eso es indistinto y ejercí a cabalidad las funciones con independencia de cualquier presión política y haciendo respetar lo que dice la Constitución y las leyes.
HOJA DE VIDA
Cargo José María Cabrera fue Procurador General del Estado entre el 3 diciembre de 2019 al 17 de septiembre de 2020.
Profesión Abogado, con especialidad en justicia constitucional, derecho constitucional y derechos fundamentales.