La División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz informó este viernes que el exministro Juan Ramón Quintana realizó transferencias por un monto superior a 1,3 millones de bolivianos a cinco personas, después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, en noviembre de 2019.

Quintana, que permanece desde noviembre de 2019 en la residencia diplomática de México en La Paz, transfirió 1.320.000 bolivianos, sostuvo el jefe de la División de Corrupción Pública de la FELCC de La Paz, Luis Fernando Guarachi, quien precisó que los movimientos económicos tuvieron lugar entre el 11 al 24 de noviembre del año anterior, habiéndose identificado a cinco personas que recibieron el dinero.

El jefe policial, citado por El Deber, explicó que con esa información se debe abrir un nuevo proceso judicial contra el exministro de Evo Morales, por omisión de su declaración jurada al dejar la función pública y legitimación de ganancias ilícitas.

La documentación fue remitida a la comisión de fiscales que ya indaga a la exautoridad del MAS por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, sedición y financiamiento al terrorismo.

Guarachi también anticipó que se convocará a declarar a las cinco personas que habrían recibido las transferencias, se presume que el dinero fue utilizado para promover actos de convulsión social, principalmente en La Paz.

Quintana instaló "cuarto de guerra"

De acuerdo con documentos de investigación, al que tuvo acceso ABI, Quintana instaló un "cuarto de guerra" en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo para planificar el llamado fraude electoral, actualmente investigado por el Ministerio Público.

Las indagaciones señalan que Quintana estaba encargado de supervisar y coordinar las actividades de los ahora exvocales del TSE, María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani, Lidia Iriarte y Edgar Gonzales, con los también exvocales delegados presidenciales en los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

"Todos ellos tenían que darles informes constantes y estar pendientes de cualquier instrucción, de acuerdo al monitoreo y desarrollo del proceso electoral", establece una parte de la investigación. El 11 de octubre de 2020, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseguró que, tras las investigaciones realizadas por la Policía dentro del caso fraude electoral, se identificó que el operador político del MAS en el TSE fue Quintana.

La afirmación se basa en que la exautoridad sostenía comunicación telefónica con la entonces vocal del TED de La Paz, Marianela Revollo, y la vocal del TSE, Lucy Cruz, ambas designadas por el expresidente Evo Morales.

Según las investigaciones, el 1 de octubre de 2019 se realizó una reunión en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo para planificar el fraude electoral registrado en los comicios de ese año. El informe señala que para no dejar ningún registro del encuentro, se instruyó al jefe de seguridad del edificio que no se reporte el ingreso ni la salida de personas a ese piso.