Cinco días después de que la Fiscalía retirara la denuncia contra el médico Jhiery Fernández, principal acusado en el caso Bebé Alexander (2014), la Gobernación de La Paz asumió similar decisión ante la faltas de pruebas. Acusó al Ministerio Público de actuar de manera deficiente y advirtió que espera se sigan procesos contra los exfiscales Edwin Blanco y Susana Boyán.

"En realidad, nosotros hemos visto por conveniente retirar la acusación, reiteró, sin antes elevar una queja del mal actuar del Ministerio Público", afirmó la secretaria de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Olivia Arratia, a la red Unitel.

Según detalló la funcionaria, la decisión fue asumida tras una reunión "con el equipo jurídico" de la Gobernación y en vista a que el Ministerio Público dejó en "total estado de indefensión" a esa institución en este caso.

"Prácticamente nos hemos quedado sin pruebas dentro del presente caso, pese a que la Gobernación ha presentado una acusación particular al habernos adherido a la prueba que ha presentado el Ministerio Público. No se puede llevar adelante un juicio sin pruebas, en este entendido y habiendo revisado exhaustivamente el caso, sin antes aclarar a la población que el Gobierno Autónomo de La Paz eleva su queja ante la autoridad judicial a través de un memorial que se ha presentado hoy a las 16.00 al Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz sobre el actual de Ministerio Público que ha sido deficiente, ha incumplido el principio de legalidad y ha decidido retirar la acusación particular presentada dentro del presente caso", aseveró.

Arratia recordó que en el caso del bebé Alexander no solo el médico Fernández es víctima de la administración de justicia, y anunció que la Gobernación evaluará causales para el inicio de procesos internos.

"Esperamos que el Ministerio Público cumpa con su función de iniciar procesos contra quienes han actuado dentro de la presente causa como los fiscales Susana Boyán y Edwin Blanco", sostuvo.

En 2014, el bebé de nombre Alexander perdió la vida después de que supuestamente fue violado en una casa de acogida de La Paz. Uno de los principales acusados fue Fernández, quien incluso fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal presidido por la jueza Patricia Pacajes.

Sin embargo, en 2018 y luego de casi cuatro años de detención, Fernández consiguió ser liberado de la cárcel, después de que se filtrara a la prensa un audio en el que la propia Pacajes reveló que el imputado había sido encarcelado sin pruebas.