El gobernador y excívico cruceño Luis Fernando Camacho y el exministro Jerjes Justiniano coincidieron, por separado, en distanciarse de la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez y demandar la extradición del exministro Arturo Murillo por la corrupción develada en Estados Unidos en la compra de material antimotín en 2019.

Una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) derivó en la detención de Sergio Rodrigo Méndez, hombre de confianza de Murillo, en Estados Unidos, por el delito de lavado de dinero que comprometió $us 5,6 millones. Formó parte de la intermediación de la compra del material antimotín junto a Luis y Bryan Berkman, y el empresario Philip Lichtenfeld, a través de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.

"En su momento fuimos claros: el pueblo luchó contra el fraude, pero después los viejos políticos se apropiaron del poder y traicionaron nuestra lucha. El gobierno debe exigir y hacer todo lo posible para extraditar a todos los implicados en este caso de corrupción", demandó el ahora gobernador de Santa Cruz.

Camacho lideró en 2019 las protestas alentadas por denuncias de fraude electoral que acabaron, junto a un motín policial y la "sugerencia" militar de dimisión, con la renuncia del expresidente Evo Morales. Fue parte del gobierno de Áñez, sus cuotas de poder fueron los exministros Luis Fernando López y Justiniano.

Justiniano coincidió con Camacho en que el gobierno debe exigir la extradición de Murillo.

"(La denuncia) en primer lugar desvirtúa el tema de que la persecución de Murillo es política, creo que aquí hay procesos penales por los cuales debe responder no de connotación política sino de corrupción. Son procesos que lamentablemente le hicieron mucho daño al país en un momento político delicado", cuestionó.

El expresidente Jorge Quiroga también se pronunció sobre el caso.

"Todo el peso de la ley debe caer contra los corruptos dentro y fuera de #Bolivia, porque afectan la economía, erosionan la democracia y dañan nuestra imagen", sostuvo.