Luego de conocerse la detención de un hombre confianza del exministro Arturo Murillo en los Estados Unidos, el Ministerio de Justicia anunció que alista una denuncia penal por corrupción para la investigación y acusación en contra de los responsables de este hecho ocurrido en el gobierno de Jeanine Áñez.

"El operador del prófugo Arturo Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, fue arrestado el 21 de mayo en EEUU con 3 cómplices por lavado de dinero. La investigación evidenció que se transfirió $us 5,6 MM del @BancoCentralBo a una cuenta personal en #EEUU. Preparamos una acusación por corrupción", anunció el Ministerio de Justicia a través de su cuenta en Twitter.

Una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos descubrió e hizo el seguimiento del caso de pago de soborno en el marco de la adjudicación y transferencia de fondos por la compra intermediada de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma en 2019.


La red Gigavisión informó de la investigación estadounidense y detalló, sobre la base del informe del FBI, que en el pago de sobornos están involucrados Luis y Bryan Berkman, junto al empresario cochabambino con nacionalidad estadounidense, Philip Lichtenfeld. La empresa intermediara es Bravo Tactical Solutions LLC.

"Como se describe con mayor detalle a continuación, Bryan Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por un total de al menos 582 mil dólares a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, funcionario del Ministerio de Gobierno de Bolivia, y al menos 20 mil dólares para el co-Conspirador 2, un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia, a cambio por utilizar sus cargos oficiales, para ayudar a una empresa intermediaria (Bravo Tactical Solutions LLC.), Bryan Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y otros para obtener y retener el negocio para la empresa intermediaria", refiere el punto 20 de un extenso informe de la investigación.

Sergio Rodrigo Méndez fue detenido y deberá enfrentar cargos en Estados Unidos.

En Bolivia ya se inició en 2020 un proceso penal contra Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López por el supuesto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos por $us 5,6 millones.

Según la denuncia de ese entonces, el Gobierno pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gases lacrimógenos adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, después de suspenderse la compra directa con la firma brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019.

Ambas exautoridades huyeron de Bolivia, dos días antes de que asuma la presidencia Luis Arce. Se conoce que se encuentra en Estados Unidos.