Desde la clandestinidad, el exministro de la Presidencia Yerko Nuñez denunció que el exministro de Justicia Héctor Arce y el exprocurador del Estado Pablo Menacho se adjudicaron, a través de la firma de abogados Alliance, un contrato por más de Bs 2,5 millones por "servicios jurídicos para defensa arbitral" en el caso Jindal Steel.
Alliance Abogados Asociados, dirigido por Menacho, emitió un pronunciamiento defendiendo la legalidad del contrato y aclarando que su socio Arce pidió licencia del bufete porque asumirá como Embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El bufete aclaró que la contratación se hizo en el marco de una convocatoria pública para la defensa legal y técnica de la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) dentro del arbitraje internacional seguido por la firma india Jindal Steel.
"HÉCTOR ARCE SE ADJUDICA UN CONTRATO POR MÁS 2.5 MILLONES Héctor Arce y su socio Pablo Menacho se adjudicaron un contrato por EXCEPCIÓN y por más de 2.5 millones de bolivianos para presuntamente defender en el proceso arbitral ESM-JINDAL STEEL.¿Qué podemos esperar en este proceso?"(sic), escribió Nuñez en su cuenta en Twitter.
Arce fue parte del gobierno hasta noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció en medio de una protesta cívica, denuncias de fraude electoral, un motín policial y la "sugerencia" militar de que dimita. Menacho también ejerció el cargo hasta ese entonces.
"La adjudicación se basó en la vasta experiencia en arbitraje internacional y en el amplio conocimiento que tienen los abogados del estudio jurídico sobre el referido Caso CCI Nº 20086/ASM, así como en la exitosa defesa del Estado boliviano en dicho caso, el cual fue laudado favorablemente para Bolivia en la etapa de jurisdicción. Al presente, Alliance ya ha asumido defensa en el procedimiento arbitral para el cuál fue contratado, existiendo a la fecha un calendario procesal aprobado por el Tribunal Arbitral para la etapa de fondo", refiere el comunicado.
Según el documento que posteó el exministro Nuñez, el contrato fue firmado el 20 de abril de este año.
El 15 de abril de 2010 el Estado decidió ejecutar las dos primeras boletas de garantía de la Jindal, que sumaban $us 18 millones, por la falta de renovación de la garantía. El 4 de mayo de 2012, el Gobierno ejecutó una segunda boleta de garantía por unos $us 18 millones debido a un incumplimiento de la Jindal en sus compromisos para seguir al frente de la explotación del yacimiento.