El fiscal departamental de La Paz, William Alave, realizó un análisis y reflexión sobre la crisis del sistema judicial en el país.
Reconoció que existen carencias materiales y de personal en el Ministerio Público. Señaló que también hay presiones de políticos a través de los medios de comunicación, o de actores sociales con manifestaciones, pero enfatizó que se busca cambiar esa situación para ofrecer una mejor justicia a la población.

Alave indicó que deben existir cambios, como en normativas caducas, pero enfatizó que se requiere un mayor presupuesto, no para aumentar salarios, sino para incrementar personal y alcance del sistema judicial.

Dijo que una justicia débil siempre será vulnerable al factor político del momento.

Pregunta: La justicia aparentemente está en un momento crítico, cuestionada por actores políticos, pero sobre todo por la sociedad que no encuentra una rápida respuesta, ¿cuál es su diagnóstico qué hace?

Respuesta: Sin duda la justicia está en un momento muy crítico. Se debe a muchos factores: factores políticos, factores sociales, factores de esta última pandemia. Y, sin duda, la gente pues en su momento no confía en la administración de justicia, no porque no decida de una manera correcta, sino porque no es oportuna. Y eso en algún momento se ha pretendido tratar de zanjar a través de la ley 1173. Sin embargo, esta ley 1173, que tienen unos principios básicos fundamentales para evitar la retardación de justicia, no han sido debidamente aplicados, y creo que en esos momentos sí existe una separación entre tanto la sociedad como la credibilidad de la justicia. Frente a ello tenemos que actuar y todas las autoridades que estamos en el ejercicio de la función pública tenemos que poner nuestro aporte para que, por lo menos demos credibilidad de una buena administración de justicia a la sociedad.

P. En este momento, ¿la justicia es creíble?

R. Yo más que credibilidad diría que existe una legitimidad propia de la sociedad ante la justicia y la justicia está deslegitimizada, por esos factores: factores políticos, porque desgraciadamente la política ha sido nomás un factor que ha intervenido dentro del ámbito de la administración de justicia y esto, obviamente, ha distanciado mucho más de esa legitimidad que debe tener la administración de justicia ante la sociedad. Otro factor importante también ha sido esto de la pandemia, que en su momento las personas pretenden tener una justicia pronta y oportuna, y por esta situación de la pandemia obviamente que muchos jueces, muchos fiscales, no hemos podido responder a esa expectativa de poder generar de manera inmediata una respuesta a la demanda de las personas que buscan justicia en su momento.

P. ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Qué cambios concretos deberían existir?

R. Para mí un cambio profundo y muy importante es que la justicia tenga mayor presupuesto, pero como decimos muchas veces, no mayor presupuesto para el tema de mejor salario, sino para generar mayor número de jueces, mayor número de fiscales, y con ello ya un poco podríamos pelear por el tema de la retardación de justicia. Te doy un ejemplo, nuestras leyes nos establecen que tendríamos que tener juzgados anticorrupción, particularmente para establecer casos de legitimación de ganancias ilícitas y una serie de compromisos internacionales que el Estado tiene, deberíamos tener jueces independientes en el tema y juzgados y tribunales e incluso vocales en el tema de violencia hacia la mujer. La Ley 348 establece que deberían existir tribunales especiales. Deberíamos tener en la Fiscalía mayor número de fiscales. En El Alto tenemos aproximadamente 40 fiscales y en La Paz tenemos otro número un poco mayor, pero no abastece. No te olvides que tenemos ciudades intermedias como Achacachi, Copacabana Caranavi, donde requerimos mayor gente. Entonces vemos que con un presupuesto mínimo, estas dos instituciones, tanto Fiscalía como el Órgano Judicial, no van a poder cumplir a cabalidad todo el tema que le encomienda la norma.

Si nosotros tenemos un mejor presupuesto, vamos a tener mejores juzgados, más personal y obviamente una mejor atención. El presupuesto del Órgano Judicial es menor al presupuesto de un ministro. Imagínate. Y el Órgano Judicial es parte de los cuatro órganos que la Constitución establece. Entonces date cuenta cuál es la proporcionalidad que existe en la situación de tener mayor o mejor presupuesto. Si hablamos de la Fiscalía, te doy un ejemplo en La Paz, en todo Bolivia, creo que tenemos tres o cuatro inmuebles propios de la Fiscalía y el resto no son propios. Entonces vemos cómo ha sido manejando no en este Gobierno ni el anterior, sino cómo ha sido manejado hace bastante tiempo toda nuestra justicia, Nuestra justicia, obviamente no ha tenido por parte del Estado un sostenimiento serio para poder generar realmente una administración de justicia sólida. Y, a través de esa solidez de la justicia, podemos aplicar los principios de probidad, de buscar mejores jueces, de los principios de celeridad.

Entonces vemos que son problemas incluso económicos, problemas sociológicos, porque te vas a dar cuenta que en las 20 provincias de La Paz debemos de tener un 80 por ciento juzgados, en el resto no contamos. Lo propio en la Fiscalía, tenemos 600 fiscales, pero solamente contamos con fiscales. Qué interesante sería tener todo un equipo: fiscales, médico forense, una trabajadora social para ver los temas de menores, los temas de violencia e incluso tener la policía. No tendríamos el cuello de botella que se da en la ciudad de La Paz como en El Alto, sino la gente estuviese en sus distritos provinciales generando que se haga justicia, lo mismo en Derechos Reales.

P. Este cambio central que usted señala, que es el incremento de presupuesto por parte del Estado hacia la justicia, ¿se puede dar a través de una reforma judicial, que no solamente toque este aspecto, sino otros más que de alguna forma son cuestionados, como la elección de jueces? ¿Quiénes deben trabajar además esta reforma judicial?

R. De acuerdo al contexto que tenemos nosotros políticamente, es decir, en la configuración constitucional de nuestro Estado, quienes deberían trabajar es la Asamblea Legislativa. Obviamente hay actores distintos que tienen que apoyar: el Ministerio de Justicia sobre todo y otros entes: Colegio de Abogados, Universidades en busca de mejorar la justicia. Es cierto, comparto contigo la preocupación que tienes hoy en la elección de dos de los jueces. La elección de los jueces está sometida a tres personas en el Consejo de la Magistratura: ¿cómo lo hacen?, ¿en qué momento lo hacen?, ¿lo hacen bien o mal? Pero imagínate, más de mil y tantos jueces sometidos a tres personas. Entonces, por qué nos darnos la posibilidad de buscar unas leyes que nos lleven a dar sostenibilidad a una elección de jueces, pero esos jueces que realmente tengan la preparación suficiente para poder ejercer. Lo mismo en los fiscales, se está haciendo esa situación.

Sin embargo, hay normas que -te doy el ejemplo- no hablaremos de derecho penal, hablaremos del ámbito laboral: nuestras leyes están tan caducas que nos dice la Ley del Trabajo que usted tiene 10 días para presentar pruebas dentro de un proceso de diez días para dictar sentencia, pero ¿cuánto tarda? Eso tarda años, cinco o seis, siete años. No son esos veinte días que nos vamos a establecer. Entonces tenemos que cambiar.

En el ámbito civil lo propio, no ha dado mucha efectividad la conciliación, o porque ese instituto no sea eficaz, sino porque no se le ha dado prioridad a ese ámbito. La Constitución nos dice que tenemos que desjudicializar el conflicto, y ¿cuál es la forma de discutir?, obviamente es, en este caso, la conciliación. Entonces la gente tiene que tener una cultura de paz, como dice nuestra Constitución. Pero ¿cómo?, generando a través del Estado nuevas formas de visión y de cómo solucionar el conflicto. Esas cosas las podemos hacer normativamente donde se obligue al juez, que primero tiene que estar dentro del ámbito de la conciliación. Entonces, quien tiene que diseñar toda esa política criminal es tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de Justicia, porque si no tenemos una política criminal diseñada, nunca lo vamos a poder hacer.

Estamos viendo que la ley 348, te doy un ejemplo sin criticarla, ¿cuántas de reformas ja pasado? Más de tres o cuatro y ya se está hablando de nuevas reformas, ¿por qué?, tal vez los mecanismos de prevención no son los mayores, los más eficaces. Seguimos hablando de muertes de personas. Cada día vamos viendo feminicidios, es decir, queremos incrementar penas, queremos sancionar, pero no nos estamos dando cuenta de que esa ley no es lo que falla las penas, sino lo que falla es el ámbito de prevención, el ámbito educativo. Entonces vemos que tenemos que tener toda una política criminal diseñada en todos estos años y quien debe estar a la cabeza en el Ministerio de Justicia.

P. El Ministro de Justicia, al iniciar su gestión hablaba de una reforma judicial producto de la crisis que vive el sistema de justicia en nuestro país. Sin embargo, de alguna forma se ha ido truncando eso. En el análisis que hace, ¿a qué se debe que esas intenciones del Ministro de Justicia de cambiar la justicia se hayan detenido?

R. Entiendo que nuestro Ministro de Justicia está haciendo los esfuerzos necesarios para cambiar, si bien en un momento yo entendí particularmente que se tenía que cambiar la Constitución, es un tema ya político, es un tema sociológico, es un tema que inmiscuye a todos, pero es un factor muy, muy difícil de poder hacer. Si vos analizas los cambios dentro de nuestra Constitución, que son más de 18, imagínate han sido históricamente dentro de todo un diagrama de situaciones, tanto de hecho a través de una revolución, a través de ciertos aspectos de crisis para poder generar un cambio, y eso es muy difícil hacerlo porque tiene su proceso el cambio de la Constitución. Nosotros tenemos una constitución mixta semirígida, entonces es muy difícil el cambio, porque la misma Constitución cierra candados para generar un cambio inmediato. Lo que yo entendía de nuestro Ministro era fundamentalmente que el cambio era fundamentalmente la elección de los magistrados y a la elección de los consejeros, pero ya en el cambio de la justicia, en el cambio de las leyes, como la Ley General del Trabajo, no necesitamos cambiar la Constitución, sino propuestas, discusión. Empresarios privados, trabajadores, fabriles, los involucrados, prensa, sociedad civil, colegio de abogados que vayan y discutan si es efectiva la Ley General de Trabajo, entonces a través de eso se genera una propuesta y se plantea ante la Asamblea Legislativa, que es la que tiene la última decisión. Entonces vemos esos canales que son fáciles de poder modificar, los que nos falta es un poco de mayor voluntad entre todos los actores, siempre dejando de lado la política, dejando de lado los colores políticos, que cada uno tiene su derecho de hacerlo, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer en nuestro país para dejar a nuestra sociedad, a nuestros hijos, es contar con leyes que realmente protejan a nuestra sociedad. Eso es lo más importante.

P. Dentro de lo que engloba la justicia, uno de los actores principales es el Ministerio Público, que es también cuestionado. ¿Cómo cree que se debe trabajar dentro de la Fiscalía para garantizar a la gente que su trabajo será íntegro, transparente, ágil y sin que tengan ese prejuicio de decir que la justicia funciona con plata?

R. Eso es un estigma, es una tara que lastimosamente se ha hecho y ese el mecanismo de la corrupción. Pero, si haces un análisis, nuestro Fiscal General del Estado estuvo dos años y en esos dos años hemos pretendido cambiar muchas cosas. No quiero decir que hemos cambiado todo y hemos cambiado la cara del Ministerio Público, pero quiero decir que hemos hecho muchas más cosas y te voy a dar ejemplos: lo del caso Alexander que como nunca se ha retirado (la acusación). Hemos cambiado. Entonces la voluntad de nosotros es cambiar, modificar, ver buenos perfiles. El perfil del fiscal ahora no es el perfil del fiscal que antes se elegía. Antes se elegía al fiscal de una manera arbitraria y se ponía cualquier persona, cualquier profesional que cumpla ya con tener su título de abogado, pero actualmente lo que se ha diseñado es que tenga un perfil enteramente en Derecho Penal, mínimamente un diplomado en Derecho y que tenga cursos en esa área. Entonces ya vamos buscando el perfil del fiscal. Se está generando a través de los organismos de la Fiscalía General del Estado, direcciones tanto en divisiones de especialidad, ese es un trabajo duro, pero si se está haciendo, se está generando. Esperemos que con esto un poco la sociedad nos pueda comprender la reestructuración del Ministerio Público para que esos fiscales en su momento puedan responder a la sociedad. No te digo que aquí todos los fiscales son santos, hay gente que sí realmente merece ser sancionada y el Fiscal General ha sido muy duro en eso y no los sanciona, sino los retira. Entonces vemos que esos cambios tienen una especie de un proceso, y ese proceso lo estamos construyendo. Esperemos hacerlo para el bien de la sociedad.

P. ¿Cómo evalúa específicamente la situación de la Fiscalía de la Paz, el trabajo que realizan al mando suyo? ¿Existe una crisis como la que existe la justicia?

Existe la crisis, pero yo te digo y me voy a remitir a lo que hablábamos sobre la crisis económica. Este edificio donde estamos pertenecía a la Aduana, es un edificio antiguo. Y en este edificio tú vas a ver los fiscales están uno tras otro, es decir, están de una manera muy apretada, muy incómoda en el trabajo- No tenemos más edificios. Todos son alquilados, en El Alto tenemos alquilado. El único edificio propio que tenemos es el del IDIF, y este edificio que lo hemos conseguido porque en su momento aquí nos hemos venido a posesionar, ni siquiera nos han dado, hemos venido a tomar en una vía de hecho. Entonces vemos que la Fiscalía en su momento no ha sido reconocida en el trabajo por el Estado.

R. Los fiscales son muy pocos, tanto para acá, para la ciudad de La Paz como para la ciudad de El Alto. Debemos tener más, deberíamos descentralizar. Deberíamos tener fiscalías en la zona sur, pero grandes. En la zona sur contamos con 10 fiscales, deberíamos tener por lo menos ahí unos 20, 25 fiscales. En la ciudad del Alto, contar con unos 50, 60 fiscales. Aquí en el centro, lo propio con 50, en la zona norte con 50, en la zona oeste lo mismo. Entonces, poder diversificar el trabajo de la Fiscalía en toda la extensión de la mancha urbana y así podemos brindar mayor comodidad a las personas que vienen a exigir justicia y segundo, podemos brindarles también mayor agilidad de la celeridad de sus trámites.

P. En porcentajes ¿Cuánto más de presupuesto se necesita?

R. Actualmente en La Paz tenemos 190 fiscales, por lo menos necesitaríamos unos 90 fiscales más. Necesitaríamos más ambientes, descentralizar esta Fiscalía en todo el ámbito, generar con esa descentralización, que haya núcleos policiales y así también descentralizar la justicia, que haya núcleos judiciales donde los jueces atiendan. Entonces vamos ahí vamos a generar una mejor comodidad para el usuario en este ámbito judicial. Pero sí necesitamos esas cosas, necesitamos inmuebles, necesitamos personal, recursos humanos, necesitamos mueblería para poder por lo menos trabajar. Son cosas que tal vez te parece muy básico, pero que a veces son necesarios para el trabajo del día a día. Contar con más médicos forenses.

Yo te cuento un aspecto que a veces, es un poco duro contar, porque a mí me da pena el trabajo que realizan los fiscales de FEVAD, porque trabajan las 24 horas en turnos y eso es humanamente es muy sacrificado. Trabajas 24 horas y todavía tienes que seguir trabajando al día siguiente, porque en las 24 horas has detenido a una persona y el juez no te señala ese mismo momento la audiencia, te señala al día siguiente. ¿Qué significa? Que has tenido un turno de 24 horas y añadirle un turno más de ocho horas y, ¿cuántos está trabajando ese fiscal? 32 horas. Entonces es un turno sacrificado si te das cuenta y eso es todos los días. Y en feriados es peor, es todo un drama, porque hay que esperar al juez que haya hecho mercado y después en la tarde viene a señalar sus audiencias lastimosamente y nosotros los fiscales tenemos que estar esperando. Entonces eso es un drama que no puede suceder, porque si tuviésemos jueces en los distritos, ese juez estuviese atendiendo, ya no estuviéramos haciendo muchos turnos porque tendríamos descentralización, por lo menos en la administración de la Fiscalía y de los juzgados.

P. Otro cuestionamiento hacia la Justicia, hacia la Fiscalía es la independencia. Muchos indican que la Justicia está ligada al gobierno de turno, está sometida al gobierno de turno. ¿Cómo se puede garantizar una justicia independiente sin que tenga presiones no solamente políticas, sino sociales o hasta incluso mediáticas?

R. Presión política no creo que exista. No creo que exista una presión política, pero sí te has dado cuenta tú como periodista, lo que hacen los políticos no es venir al juzgado, a la Fiscalía a presionar, sino lo hacen a través de la prensa. Y la presión sale a través de los medios de prensa. No te quiero decir que sea un determinado medio, pero si te das cuenta el político dice: 'yo voy a denunciar a este fiscal o al otro por delitos de corrupción de cualquier delito, si en este caso no lo saca bien', pero ya lo va difundiendo socialmente a través de los medios de prensa.

P. ¿Eso no es una presión para los fiscales?

R. Es una presión, pero eso no va desde el punto de vista político directo. Es decir que el político no viene aquí y te dice: 'oye, házmelo esto', sino la presión lo hace a través de los medios de prensa. Eso es lo que me quiero hacer entender. Sí hay presiones, hay presiones de grupos sociales. Tú vas a ver todos los días acá que gente viene en grupos queriendo hacer cambios de fiscales o queriendo que una resolución salga de alguna manera. Si tú quieres contratarte 30 personas aquí te vas a la esquina te contratas 20 personas que están ahí y te cobran dinero para venir y hacer un bloqueo y hacer una presión.

Hay presiones, hay de todo lado presiones, pero creo que lo que tenemos que buscar. es la probidad de la autoridad, que la autoridad se sienta segura de su trabajo y segura de poder hacer una resolución conforme a Derecho, como decimos los abogados, es decir, conforme a las normas, conforme al debido proceso. Y eso es lo que pretendemos. Y obviamente, siempre una justicia débil que no tiene un buen recurso económico, va a ser siempre una justicia vulnerable, si te das cuenta, por el factor político del momento.

Entonces eso es un aspecto sociológico que se ha dado en nuestro país, lastimosamente no de ahora, de muchos años. Si vos lees a Pantaleón Dalence, que es de hace dos siglos anteriores, que es el padre de la justicia boliviana, en sus discursos de inauguración del año judicial ya criticaba a este tipo de injerencias políticas e influencias externas. Decimos nosotros, '¿cuánto nuestra justicia ha cambiado desde ese momento hasta la fecha? Y siempre si la justicia es débil, siempre vamos a ser vulnerables.

P. Para terminar, ¿tiene algunas recomendaciones sugerencias para mejorar la justicia, tal vez hacia el Ejecutivo, hacia los actores políticos, hacia la sociedad, incluso a los medios?

R. Yo creo que es un llamado a nosotros, los abogados, a los periodistas, a los actores políticos: estamos viviendo momentos muy difíciles y ustedes están viendo cómo en el día a día, por ejemplo, en el ámbito del feminicidio se da esta situación, pueden ser factores económicos, pueden ser factores de pandemia, factores de educación, pero si nosotros no nos sentamos como bolivianos a analizar y valorar nuestra justicia, nunca vamos a poder darles mejores días a nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, despojarnos de los colores políticos y ver en el futuro de nuestros hijos, porque a ellos son los que vamos a dejarles administración de justicia en su momento y ver y canalizar que ya no haya más feminicidios o por lo menos disminuían, que ya no exista ese tipo de robos o de asaltos, de muertes de personas. Vamos por la seguridad ciudadana, vamos por la seguridad de hacer unas medidas preventivas en el ámbito penal, darles mayores posibilidades a los trabajadores de que puedan generar el resguardo de sus garantías laborales. En el ámbito civil lo mismo que no exista ya una justicia que demore años, años, sino que sea efectiva. A veces decían: justicia que tarda, no es justicia, y es cierto.