El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz aparenta ser una torta pequeña e insípida en términos de espacios laborales y ejercicio de poder. La realidad es diferente. La pugna entre el principal dirigente de la organización política Jallalla y el nuevo gobernador no es ideológica, menos sobre cómo se debería recuperar el liderazgo paceño en el contexto nacional. La dura pelea es por tener la mayor cantidad de trozos del pastel institucional, empezando por los niveles jerárquicos cuyos salarios superan los 14.000 bolivianos mensuales.

Minutos después de haber recibido su credencial como flamante Gobernador del Departamento de La Paz por la gestión 2021-2026, Santos Quispe, hijo del fallecido líder campesino Felipe Quispe y conocido como El Mallku, madrugó a Leopoldo Chui y la dirigencia de Jallalla, y se quedó con la torta entera. Rompió su alianza con el partido político que obtuvo personalidad jurídica departamental en meses recientes y dejó con los crespos hechos a quienes ya estaban listos para ocupar buena parte del organigrama institucional.

Además de la Secretaría General y las direcciones de Staff dependientes de la MAE, la Gobernación paceña tiene nueve secretarías departamentales con asignación de presupuesto y personal de planta y eventual, una de ellas ahora conducida por la hija del candidato de Jallalla a la Alcaldía de La Paz. También tiene 20 subgobernaciones, una por cada provincia del departamento, que son la representación del Gobernador en territorio con personal y vehículos para su desplazamiento.

En el nivel desconcentrado, el Gobierno Departamental de La Paz cuenta con cinco servicios departamentales. Los más apetecidos son el Servicio Departamental de Caminos y el Servicio Departamental de Salud por la cantidad de recursos económicos que absorben del presupuesto general de la Gobernación, disposición de puestos de trabajo y posibilidades de contrataciones de empresas y consultorías en línea.

Disgustados por no participar en la repartija de espacios, Chui y Jallalla sacaron el puñal y comenzaron a atacar a Quispe para intentar doblegarlo. Primero Chui denunció nepotismo porque Quispe no retiró a su esposa de la lista de candidatos a la Asamblea Departamental y ahora es asambleísta; luego le acusó de no ser médico formado en Cuba y que nunca fue autoridad originaria; y finalmente Jallalla expulsó al "Huayna Mallku" de sus filas por incumplir un documento firmado, pero que no es mostrado, en el que se especificaría la presencia de las partes en la institución departamental.

Quispe dejó establecido que no será él quien pida a su esposa que renuncie. Al primer golpe de puñal que dio con el rompimiento de la alianza, asestó otros. Dijo que se fue de Jallalla porque Chui cobró montos de dinero para incorporar o mantener candidaturas en listas departamentales y de varios municipios paceños. Y remató acusando a Chui que hasta pidió 100 bolivianos por cada invitación que emitió el Tribunal Departamental Electoral para asistir al acto de entrega de credenciales a las autoridades electas.

Muerto Felipe Quispe, Chui y Jallalla creyeron que su hijo sería dócil en el tema de la distribución de las denominadas cuotas de poder una vez ganada la elección, pero no contaron con la rebeldía aymara de Santos Quispe que además fue funcionario en la Gobernación de La Paz en la gestión de Félix Patzi y, por tanto, sabe cómo se maneja la asignación política de puestos de trabajo.

Por ahora, el nuevo Gobernador tiene la sartén por el mango. Puede dar algunos trozos de la torta al MAS, que controla la Asamblea Departamental, a cambio de paz social y trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo para viabilizar lo que le interesa a Santos Quispe pero también para canalizar los objetivos del masismo principalmente en las provincias paceñas.

Jallalla, que no gravita en la Asamblea Departamental con 8 de 45 asambleístas, no puede ofrecer a Quispe lo que en este momento le garantiza el MAS, pero más tarde puede lograr un pacto político con el masismo para intentar remover al Gobernador paceño mediante procesos legales o un referéndum revocatorio y darle lo que quiera de la torta, ya que la norma señala que en caso de que Santos sea separado del cargo, alguien de la organización política que lo encumbró debe asumir como máxima autoridad departamental.

La solución política a la pugna por espacios de conducción y de trabajo en la Gobernación paceña tiene dos escenarios de posible solución: un acuerdo entre las partes en disputa y el consiguiente reacomodo de autoridades y empleados en el Ejecutivo Departamental, o que Santos Quispe gane la partida por cansancio a Jallalla que ahora tiene instalada una huelga de hambre de militantes desesperados de formar parte de las planillas de empleados. El puñal está listo para ser usado en cualquier momento en el Gobierno Autónomo Departamental.





Edwin Herrera Salinas es periodista