Cuando llegué a la Comunidad Andina (CAN), el año 2007, la encontré sumida en una profunda crisis. La salida de Venezuela, la modificación de artículos de la normativa andina que permitiera el acceso de algunos países miembros a Tratados de Libre Comercio, la emergencia de nuevos paradigmas de desarrollo, el empoderamiento de los movimientos sociales, la vitalidad de diversos temas como las políticas sociales y ambientales, el surgimiento de gobiernos de corte socialista y el impulso de una corriente integracionista continental, caracterizaban un escenario de obligatorias redefiniciones.
La realidad era poco parecida a la teoría integracionista. No fue tarea sencilla, ni mucho menos trabajar consensos que recuperen las conquistas de 4 décadas de experiencia y afronten los nuevos desafíos. Estructuralmente, la CAN estaba en proceso de recomposición y tránsito de un paradigma integracionista de regionalismo abierto a otro de integración multidimensional, por su lógica multitemática complementaria del comercio, con un horizonte compartido de desarrollo integral, equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y cooperación económica y social, con proyección gradual a un mercado común latinoamericano.
No era la primera crisis que afrontaba la CAN y la sorteaba con voluntad política por un futuro común. La crisis pareciera ser un elemento constitutivo y en consecuencia recurrente a los procesos integracionistas, acaso porque en la práctica la integración es un proceso cotidiano de construcción de consensos partiendo de las diferencias, lo que la hace dúctil a acomodos y transformaciones en distintas situaciones históricas.
Uno de los pilares de acomodación que tiene la CAN, es su carácter supranacional, es decir que decide propuestas comunitarias vinculantes para sus países miembros, amparados en una sólida normativa andina. Otro de sus pilares es su estructura organizativa en el Sistema Andino de Integración (SAI), que fue constituido por el Acuerdo de Cartagena, la carta magna de la CAN, aprobada el 26 de mayo de 1969, y refrendado en su constitución actual por el Protocolo de Trujillo del año 1996, acuerdo modificatorio que además establece el cambio de paradigma integracionista fundante de la integración por sustitución de importaciones al regionalismo abierto con énfasis en las relaciones comerciales.
Los organismos que cumplen el rol directivo, de coordinación y aprobación de decisiones o normas vinculantes, así como de definición de las líneas estratégicas de la CAN, son el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina compuesta por las autoridades de comercio exterior. Esta estructura de decisión política se acompaña a nivel ejecutivo, técnico-político, por la Secretaría General, con sede en Lima, que tiene también carácter supranacional y opera además como instancia de representación del sistema.
Dos organismos, junto con la Secretaría General, son los garantes de la buena convivencia siguiendo los postulados de la normativa andina. El Tribunal Andino de Justicia, con sede en Quito, es el órgano jurisdiccional, que cumple la función de interpretación de las normas y resolución de controversias, sustentando sus acciones en la resolución pacífica o concertada para la emisión de resoluciones vinculantes y comunitarias. Y el Parlamento Andino, con sede en Bogotá, es el órgano deliberante que cumple tareas de seguimiento y de proposición de decisiones y políticas comunitarias, buscando además la vinculación con las ciudadanías y los parlamentos nacionales en función del fortalecimiento de la integración subregional.
Diversas e importantes organizaciones e instituciones comunitarias cumplen roles diferenciados para garantizar los emprendimientos subregionales. La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) asumen acciones de apoyo financiero y de definición de políticas económicas. El Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue coordina acciones subregionales como las compras conjuntas de medicamentos o el desarrollo de campañas sanitarias. La Universidad Andina Simón Bolívar es el organismo académico dedicado a impulsar posgrados relacionados con el desarrollo de los países y de la región. Y el Convenio Sociolaboral Simón Rodríguez acoge las iniciativas y políticas de desarrollo social. La estrecha coordinación con el Convenio Andrés Bello permite el impulso de políticas educativas y culturales en la subregión.
En un nivel consultivo participan distintas instancias representativas de la sociedad civil, tales como el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, la Mesa de los Pueblos Afrodescendientes, la Mesa de los Defensores de los Derechos de los Consumidores, y el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales.
La CAN sigue siendo el esquema integracionista más sólido de la región, y el mercado común más perfeccionado de los países en desarrollo, por la promoción de importantes procesos de intercambio de bienes manufacturados con diversificación productiva y generación de empleo, además de políticas comunitarias compartidas en materia de educación, salud, relaciones interfronterizas, migraciones, comunicaciones, fuentes de energía, transporte, seguridad, políticas culturales, medio ambiente, y otros. Y en su convergencia y complementariedades con MERCOSUR se constituirá, a no dudarlo, en la base para la recomposición de procesos de integración continental.sistema




Adalid Contreras Baspiñeiro
Ex Secretario General de la CAN