La Procuraduría General del Estado presentó a la Oficina de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un reporte sobre el "desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019". En el reporte ratificó la "narrativa" del golpe de Estado para explicar las responsabilidades del Estado en la crisis política de 2019.

El documento, divulgado ayer, fue remitido a Ginebra a finales de abril para atender un requerimiento solicitado en 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez.

De hecho, el Alto Comisionado ya divulgó un reporte con la información que recogió una misión especial que estuvo en el país, sin los descargos del gobierno anterior, según señala el documento de la Procuraduría en sus párrafos siete, ocho y nueve.

"A raíz de los conflictos post electorales del 2019, Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional, como consecuencia de un golpe de Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales, quienes ejecutando violencia extrema vulneraron los derechos humanos de la población", señala la principal conclusión del informe.


La conclusión guarda relevancia con el párrafo 33 de este reporte oficial. El apartado presenta "puntualizaciones que permiten asegurar que el golpe de Estado en Bolivia fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, por policías militares y la Iglesia católica".

La Iglesia católica, junto a la Unión Europea y una representación especial del secretario general de la ONU propiciaron en 2019 una mesa de diálogo para pacificar el país.

El procurador general, Wilfredo Chávez, explicó el 30 de abril que el informe enviado a Bachelet contiene pruebas sobre la ruptura constitucional de 2019 y pidió a los líderes políticos aportar en el esclarecimiento de esos hechos. "Digan la verdad; nosotros estamos demostrando con documentos, con papeles y precedentes constitucionales", remarcó.


En marzo, tras cumplir una visita oficial a México, el presidente Luis Arce había anunciado el inicio de una campaña internacional para exponer los hechos, desde su punto de vista, sobre la crisis política que afectó a Bolivia en 2019.

El anuncio de Arce tuvo lugar el 26 de marzo, 10 días después de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, quien fue acusada por sedición, conspiración y terrorismo, delitos que pudo cometer cuando asumió el mando del país en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales y en medio de un vacío de poder.


De hecho, el informe de la Procuraduría da cuenta de "un juicio ordinario" contra Áñez y todo su gabinete, aunque sin detalles respecto al estado de estas investigaciones. La expresidenta está presa y se ha omitido el caso de corte en su caso.

"El gobierno de Luis Arce Catacora asumió el compromiso de investigar las vulneraciones de derechos humanos", señala el reporte de la Procuraduría que, además, señala —en atención al pedido de la ONU— que hay "las coordinaciones" para una "reparación" a las víctimas de las "masacres de Senkata y Sacaba".

El expresidente Carlos Mesa, quien fue candidato a las elecciones de 2019, afirmó ayer que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) "sólo produjo persecución política, violación de los Derechos Humanos, ineficiencia, impunidad, cuoteo y poca transparencia", al plantear una evaluación por los primeros seis meses de Arce en el poder.