Por ley, las alcaldías del país deben destinar distintos porcentajes de sus ingresos por el Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH) y la Coparticipación Tributaria (CT) al pago de nueve beneficios creados por el Gobierno. Para su cumplimiento, invierten al menos el 42% de sus recursos del IDH y el 26% de las transferencias de la CT.
Los bonos y fondos a los que se destinan recursos ediles son: la Renta Dignidad, el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica, el Fondo para la ley para garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Sistema de Salud Integral, el programa de Desarrollo Deportivo en la Jurisdicción Municipal, el Organismo de Participación y Control Social, el Sistema Asociativo Municipal y el bono para personas con discapacidad.
Los tres primeros significan 42% de los recursos del IDH asignados a cada municipio, mientras que el bono para discapacidad puede ser financiado por el IDH, la CT y otros fondos. Los otros beneficios son financiado por el 26% de la CT.
En medio de la crisis financiera que se profundizó con la llegada de la pandemia, el cumplimiento de estas obligaciones se complica para los gobiernos municipales, ya que las dos fuentes de financiamiento han sufrido una seria disminución.