El Parlamento Europeo condenó este jueves —en una resolución "no legislativa" aprobada con 396 votos contra 267 y 28 abstenciones— la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, decisión que causó rechazo en el oficialismo, que consideró que la determinación valida el "golpe de estado" en 2019.

El órgano europeo "denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Áñez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los

liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos", señala el documento difundido a través de cuentas oficiales.

Acusados por presuntos de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, Áñez y dos de sus ministros, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, fueron detenidos el 13 de marzo en Trinidad. Los tres guardan ahora detención preventiva en las cárceles de Miraflores y San Pedro, en La Paz.

Sobre los delitos, el organismo legislativo europeo cuestionó específicamente recordó que el de terrorismo "viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución boliviana" y, además, "inevitablemente resulta demasiado amplia o imprecisa".

En las consideraciones de la resolución, promovida por un grupo de senadores y diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, el Parlamento Europeo incluso cuestionó "la credibilidad del sistema judicial boliviano", del que dice que "se está viendo afectada por las continuas denuncias de falta de independencia, interferencias políticas generalizadas y corrupción".

"Insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva", señala la resolución.

En un repaso sobre la situación política en al país, "que se ha ido deteriorando" desde 2019, el Parlamento Europeo lamentó "profundamente la tragedia que ha golpeado a todas las víctimas de los disturbios en el país, de todas las partes", sin aludir a las "masacres" —como consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y Senkata, cuatro días después, donde luego de una intervención militar-policial, al amparo del Decreto Supremo 2478, murió una veintena de manifestantes.

Ni la Cancillería de Bolivia ni alguna autoridad del Gobierno expresó posición alguna sobre la resolución, que, sin embargo, causó indignación en Evo Morales, expresidente y líder del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), quien consideró que aquella confirma "la complicidad en el golpe de Estado y en clara actitud intervencionista pide impunidad y olvidar muertos de Sacaba y Senkata".

"Rechazamos la iniciativa intervencionista impulsada por la extrema derecha en el Parlamento Europeo que promueve la impunidad frente a las muertes y las graves violaciones de DDHH durante el golpe. #Bolivia es un pueblo libre que ejerce su soberanía con dignidad e identidad", insistió en su cuenta de Twitter.

Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN) y otrora aliado de Áñez, afirmó que Áñez, Guzmán y Coímbra fueron llamados en el Parlamento Europe "presos políticos". "La maniobra del MAS y la justicia servil no ha engañado al mundo. Añez debe ser liberada y se debe reconducir los procesos políticos que sigue el MAS", reclamó en sus redes sociales.


En un mensaje difundido en sus redes sociales, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa de Renew Europa (ultraderecha) Dita Charanzová, aplaudió la resolución. "Hemos observado con espanto la ola de persecución política. Que quede claro, la sucesión presidencial en 2019 fue constitucional", dijo.

En tanto, en la sesión europea, el eurodiputado español Manu Pineda, de Unidas-Podemos (izquierda), cuestionó la resolución y recordó que los días posteriores al "golpe de Estado de 2019" se caracterizaron "por la represión, los secuestros y masacres como las de Sacaba y Senkata".

"Si el Parlamento Europeo considera a la golpista Áñez una heroína, ¿qué será lo siguiente? ¿Reivindicar a Pinochet y Videla?", dijo en un mensaje reproducido en su cuenta de Twitter.


Por su parte, en su intervención, su colega Jordi Solé, del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, reclamó independencia en las investigaciones y pidió al presidente Luis Arce buscar la reconciliación nacional.

"No nos van a encontrar en la narrativa que dice que en 2019 en Bolivia hubo fraude electoral, que la señora Áñez con la Policía y el Ejército tuvieron que salir a salvar el país y que el señor Evo Morales libremente decide marcarse. No, allí lo que ocurrió y es que se generaron y aprovecharon circunstancias para forzar un cambio del poder con el concurso del Ejército y la Policía, ergo: un golpe de Estado", dijo no obstante.

El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó una resolución en rechazo a la postura del Parlamento Europeo. "Rechazamos todo acto de intromisión política que promueven y pretenden realizar algunos Parlamentarios Europeos de ultra derecha, como: Jorge Buxadé, Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar y Margarita de la Pisa Carrión, quienes repiten la versión que sostienen algunos asambleístas del Estado Plurinacional de Bolivia, de igual orientación política de derecha, quienes tratan de justificar sin argumento técnico/jurídico las acciones ilegales que ahora se investigan", señala uno de los puntos.

Senadores y diputados de CC y Creemos, segunda y tercera fuerzas de oposición en la Asamblea Legislativa, viajaron a Estados Unidos en su afán de promover la denuncia de "persecución política" en Bolivia. La semana pasada se reunieron con distintos organismos multilaterales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, es señalado por el MAS y el gobierno de Arce de haber promovido el "golpe de Estado" en Bolivia.