La Fundación Tierra denuncia que un "INRA paralelo" blanqueó antecedentes para entregar tierras al mejor postor y por eso demanda la inmediata intervención de la institución.
"El consorcio llamado INRA paralelo, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y blanquear antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor", señala la institución en una carta abierta al referirse a la reciente destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) Edwin Characayo, descubierto cuando cobraba un soborno de 20.000 dólares para titular el predio "El Triunfo II".
La Fundación Tierra revela que el tráfico de tierras se intensificó desde 2011 y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entre 2014 y 2019 firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz.
La institución se pronunció sobre esto en una carta abierta a propósito de la destitución de Characayo, quien debe cumplir detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, por cinco meses mientras la Fiscalía investiga a profundidad.
Según Tierra, en lugar de transparentar este proceso (de más de 1.400 autorizaciones), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, dónde están estas tierras y qué extensiones tienen. "En los hechos, muchas son comunidades fantasma en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales", advierte Tierra.
Añade que en lugar de encarcelar a este grupo delincuencial, los denunciantes, entre ellos Juan Carlos Rojas, exdirector del INRA, y Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras, fueron alejados de sus cargos públicos.
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, sostuvo que mucha gente logró la titulación de predios y concluir el saneamiento. "Empresarios, comunidades pequeñas han tenido que pagar a funcionarios, exfuncionarios, técnicos, que han cobrado dinero a gente necesitada de sus títulos de propiedad", precisó.
En su criterio, todo el proceso de regularización se ha distorsionado y en el INRA en lugar de revisar antecedentes jurídicos, los últimos años se han consolidado propiedades bajo procedimientos "mañudos" y documentos falsos, que van contra la ley o logrando sentencias favorables en tribunales agrarios.
Comparó la situación actual de mayor gravedad a los hechos irregulares que se presentaron en la década de los 90, cuando se tuvo que intervenir el Consejo Nacional de Reforma Agraria.
En esa época se denunció el caso Bolibras, donde el exministro de Educación Hedim Céspedes utilizó influencias para quedarse con tierras fiscales.
Intervención
Tierra informó que "el tráfico de tierras es uno de los peores fenómenos de corrupción en Bolivia". Por eso, entre las medidas que deben tomarse de forma urgente y de fondo están la intervención inmediata del INRA.
Esto para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
También exige el desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan resoluciones de desalojo que obligan a las autoridades del gobierno a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.
Tierra demanda la paralización de todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite constitucional de 5.000 hectáreas.
"Hacer un llamado público a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que nombren un director nacional titular del INRA, en cumplimiento de la Ley de Tierras, que señala que el presidente debe nombrar al director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados (Ley 3545, artículo 20)", subraya la Fundación Tierra.
Pese a que existe ese mandato de la ley, la entidad ha sido dirigida en los últimos años por ejecutivos interinos designados por el gobierno.
Para la Fundación Tierra, el caso del exministro Edwin Characayo es uno entre las varias irregularidades que existen en el manejo de la tierra en el país.
Núñez aclara el alcance del INRA
Función El director del INRA, Eulogio Núñez, aclaró que una vez que el INRA emite los títulos, que concluye los saneamientos y emite las resoluciones finales, ya no tiene competencia. "Por ejemplo, si alguien avasalla una propiedad privada con título, ya no es competencia del INRA, ahí se tiene que denunciar a la justicia agroambiental o al tribunal ambiental, que tiene su propia justicia y especializada", precisó.
Actuación Explicó que si el l INRA ha determinado y delimitado un área de parque o un municipio que tiene su reserva municipal, la institución deja de tener competencia. "Si el predio es municipal, es el municipio, si es parque nacional, es el Sernap; sin son áreas forestales, es la ABT", dijo
Delimitación "El INRA solamente tiene competencia cuando inicia el proceso de regularización de derecho hasta que concluye con una resolución final o titulación", insistió.