El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este lunes que existió retrasos en la preparación del nuevo Censo y que el mismo se realizará mínimamente en 2024, ante lo cual las autoridades electas cruceñas Luis Fernando Camacho y Jhonny Fernández, por separado, se declararon en emergencia y expresaron su rechazo.

El último Censo se hizo en 2012. El director del INE, Humberto Arandia, indicó que el estudio se debe realizar cada década, pero reconoció que ha habido retrasos por la pandemia, inestabilidad de autoridades del Instituto y falta de coordinación; señaló que la gestión 2020 fue perdida.

Indicó que en la medida de que se cumplan las condiciones económicas, financieras y logísticas, se podría hablar de hacer el Censo en tres años y medio.

"Estamos hablando de manera optimista que si se cumple todos estos requisitos, que mínimamente el Censo se llevaría adelanta el 2024", señaló el director del INE.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordó que el Gobierno del MAS ya había postergado el anterior Censo un año, puesto que debía hacerse en 2011, y que tampoco cumplió con realizar Pacto Fiscal que distribuyera los recursos entre el nivel central y las administraciones autonómicas del Estado, con lo cual aseguró que se arrebató "miles de millones de dólares de las regiones".

Camacho consideró, mediante un pronunciamiento escrito, que postergar el Censo equivale a una "confiscación de facto de los recursos que corresponden a las regiones", por lo cual anunció que se declara en emergencia y empezará una coordinación a nivel nacional para rechazar el "intento del gobierno centralista del MAS".

Advirtió al presidente Luis Arce que esta es una afrenta a las autonomías y que puede generar confrontación e inestabilidad en el país. Agregó que el mandatario debe actuar responsablemente y tiene un año para organizar el censo.

En tanto, el alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, también se declaró en emergencia y advirtió que se tomará medidas y acciones necesarias para impedir que se siga postergando el desarrollo y progreso de la región.

Fernández, también mediante un escrito, consideró que con la postergación del Censo se bloquea el desarrollo de Santa Cruz y de todo el país.

Explicó que los gobiernos autónomos tienen obligaciones que deben ser cubiertas con recursos de la coparticipación tributaria, en base los datos de población del censo, pero los recursos no han llegado en la proporción del crecimiento demográfico.

Recordó que con el Pacto Fiscal debía asignarse fondos a los gobiernos municipales, pero "el presupuesto general de la nación aún no ha sido democratizado, situación que impide brindar a la población mejor salud, vivienda, educación y seguridad ciudadana".

Fernández también observó que no realizar el censo programado también vulnera a las regiones en términos de representatividad democrática, porque sin el mismo "se vuelve invisible la manipulación dolosa del padrón electoral y la distribución de escaños.