Cinco militares, un policía y tres civiles, son los nueve detenidos por los conflictos de noviembre de 2019, aunque las acusaciones se extienden a una veintena de exautoridades, la mayoría con paradero desconocido. Mientras en el otro frente, las personas que fueron acusadas durante el Gobierno de Jeanine Áñez, están fuera de las cárceles, prácticamente todas y hay pocos casos vigentes.

La expresidenta Jeanine Áñez encabeza la lista de los detenidos. Ella fue aprehendida la madrugada del 13 de marzo y llevada a audiencia cautelar el domingo 14 ese día, la jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó detención preventiva de cuatro meses para la exmandataria.

Pero junto con Áñez fueron detenidos sus exministros Álvaro Coimbra, que ocupó la cartera de Justicia, y Rodrigo Guzmán, quien fue ministro de Energías; los tres estuvieron en una sola audiencia cautelar y mientras la exjefa de Estado era enviada a la cárcel de Obrajes, sus excolaboradores pasaba al penal de San Pedro, también por cuatro meses.

Una semana después, los acusados apelaron su detención por considerar que los mismos eran ilegales; mientras que la Procuraduría del Estado y la Fiscalía apelaron para que se aumente el tiempo de detención preventiva. La defensa de las exautoridades perdió y la Sala Penal Segunda dispuso que el nuevo tiempo de detención sería de seis meses, que se cumple el 14 de septiembre de este año.

Los militares

En el caso de los jefes militares, las aprehensiones y detenciones empezaron el 24 de noviembre de 2020 cuando la Fiscalía, en Cochabamba, ordenó la aprehensión del general Alfredo Cuéllar, comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba durante los hechos registrados en el puente Huayllani, en la localidad de Sacaba, en noviembre de 2019.

Dos días después, el Juzgado Primero de Instrucción, del municipio de Sacaba, decretaba la detención domiciliaria del exjefe castrense, que tiene desde entonces dos custodios, no tiene derecho al trabajo. Además, debió pagar una fianza de 250.000 bolivianos, y fue arraigado.

El Alto Mando militar

El 10 de marzo de este año, después de prestar sus declaraciones, el almirante de la Armada, Flavio Arce San Martín, fue aprehendido y sometido a una audiencia de medidas cautelares por el denominado caso "golpe de Estado". El jefe militar fue Jefe de Estado Mayor en la gestión del excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y es uno de los jerarcas militares que sugirió la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 cuando el país se encontraba convulsionado tras casi un mes de protestas que denunciaban fraude electoral en favor del MAS.



El 12 de marzo, 48 horas después de ser aprehendido, el Juzgado Décimo de Instrucción Penal de La Paz ordenó que sea encarcelado por seis meses.

Cinco días después, el 15 de marzo, otro miembro de ese Alto Mando Militar que acompañó a Williams Kaliman fue aprehendido por la Fiscalía, se trataba del general Pastor Mendieta Ferrufino, que en 2019 era el Comandante de Ejército y también estuvo en la conferencia de prensa del Alto Mando que sugirió la renuncia a Evo Morales.

El martes 17 de marzo, nuevamente el Juzgado Décimo de Instrucción Penal determinó la detención de Mendieta en el penal de San Pedro. Así dos de los seis jefes militares que estuvieron en esa conferencia de prensa ya están en la cárcel, de los otros cuatro se desconoce su paradero.

Senkata y Sacaba

Luego vinieron los generales que participaron en los hechos del 19 de noviembre en la planta de YPFB en la zona de Senkata. El 20 de marzo el general Franko Suárez Gonzales se convirtió en el cuarto alto jefe militar que fue enviado a prisión por los sucesos de octubre y noviembre en Bolivia. El excomandante de la División Mecanizada 1 fue llevado a la cárcel de San Pedro, acusado de la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

Finalmente, el jueves 1 de abril, el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), general en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino, fue enviado al penal de El Abra en Cochabamba por seis meses, también acusado de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

Ese mismo día se realizaba otra audiencia en Cochabamba por el caso Huayllani y el Juzgado Primero de Instrucción de Sacaba determinaba la detención domiciliaria del general de la Policía Rodolfo Montero. El jefe policial debió pagar una fianza de Bs 200.000, arraigo, prohibición de comunicarse con testigos del caso y presentarse cada semana en la Fiscalía. De ese modo, los dos acusados del caso Huayllani accedieron a medidas sustitutivas; mientras que los acusados del caso Senkata están en prisión.

Esta serie de aprehensiones y envíos a prisión fue ejecutada por el Gobierno del MAS pocos días después de que se realizaran las Elecciones Subnacionales (7 de marzo), en el marco de la teoría que impulsa el Movimiento Al Socialismo de que la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, el 10 de noviembre, fue debido a un golpe de Estado.